Juez ordenó al director de El Buen Pastor garantizar el acceso a la salud de las reclusas: “No puede ser afectado por su condición”

Una reciente acción de tutela presentada por una interna en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá llevó a un juez a reconocer y garantizar su derecho al acceso a la salud. La decisión se enmarca en un contexto preocupante sobre las condiciones de salud de las mujeres privadas de la libertad en Colombia.

La tutela fue interpuesta con la asesoría del Procurador 87 Judicial Penal de Villavicencio, que resaltó las vulneraciones sufridas por la interna desde su traslado desde la penitenciaria de Acacías, Meta.

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Puntualmente, el recurso legal se presentó ante la falta de atención médica adecuada que la interna había experimentado tras su llegada a la capital. Según la Procuraduría, la mujer, que presenta un diagnóstico de salud desfavorable, no recibió la atención especializada que requería, a pesar de su condición de urgencia. “Llamó la atención porque al tratarse de una urgencia solo le han suministrado analgésicos para calmar el dolor, y no ha recibido ayuda alguna desde el penal para agendar citas en su EPS”, argumentó el procurador, añadiendo que la situación se complicaba aún más debido a que los familiares de la interna no podían ayudarla con este trámite, ya que no residían en Bogotá.

Ante estos argumentos, el juez 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó al director de la cárcel El Buen Pastor garantizar el acceso al servicio médico prioritario para la interna, afirmando que el centro penitenciario había incumplido su deber de asegurar la salud de las prisioneras. “En la medida que no se le ha garantizado la programación de citas y tratamientos médicos prescritos, así como la entrega de los resultados de exámenes practicados en el penal”, explicó el juez en su decisión, conocida por El Espectador.

El juez también subrayó que el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad no puede ser restringido o afectado por su condición de reclusión. “Las cargas administrativas de las diferentes entidades que intervienen en la garantía de ese derecho fundamental no pueden ser soportadas por los internos”, enfatizó, recordando que corresponde al personal de sanidad de los centros penitenciarios garantizar las diligencias necesarias para la atención médica de las internas.

Retos persistentes en el sistema penitenciario

A pesar de la decisión del juez, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no se ha pronunciado sobre este caso ni sobre la decisión judicial reciente. Mientras tanto, la situación de las mujeres privadas de libertad en Colombia sigue siendo crítica, con 7.777 internas en todo el país enfrentando una serie de desafíos en relación con su salud y bienestar.

En lo que respecta a la cárcel El Buen Pastor, las mujeres en este centro penitenciario a menudo enfrentan dificultades para recibir controles prenatales y ecografías. En 2018, se reportaron brotes de enfermedades como el sarampión, la varicela y paperas, lo que resaltó la necesidad urgente de mejoras en las condiciones de salud en el penal. Solo en 2019 se tomaron medidas para cerrar la cocina tras denuncias sobre alimentos en mal estado.

Clemencia, una mujer que estuvo presa entre 2007 y 2018, compartió su experiencia con El Espectador: “Nos daban tres kits al año con 10 toallas higiénicas, un jabón de baño, a algunas de nuestras compañeras les daban jabón azul, un rollo de papel higiénico y un sobre de desodorante, algunas veces vencido. A uno le tocaba comprar o esperar las encomiendas de la familia. En la cárcel a veces nos daban kits buenos por el Día de la Madre, pero la verdad es que la mayoría de nosotras nos manteníamos con lo que nos daban las familias. El problema es que muchas compañeras no tenían ni una sola persona que las visitara”.

La reciente decisión judicial es un paso hacia adelante en la lucha por los derechos de las personas privadas de libertad en Colombia, pero el camino hacia una atención adecuada y digna en los centros penitenciarios aún está lleno de obstáculos que impiden garantizar el acceso a la salud de las internas.