La crisis que atraviesan los cementerios distritales de Bogotá se intensificó luego de la polémica decisión de la Sociedad Jardines de Luz y Paz de cesar unilateralmente los servicios funerarios en cuatro lugares de la capital.
A este problema se sumó una demanda penal que podría agravar la situación. En la mañana del lunes 23 de septiembre, el representante legal de Jardines de Luz y Paz, Eder Parada, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Bogotá.
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La crisis sigue escalando aún más, pues en la mañana del martes 24 de septiembre, los concejales Daniel Briceño, Diana Diago y Leandro Castellanos solicitaron la renuncia de Consuelo Ordóñez.
Los tres cabildantes advierten que esta situación generará una urgencia manifiesta en los cementerios y tendrá repercusiones en otros ámbitos, como la gestión de residuos, señalando además la firma de contratos sin licitación.
La concejala del Centro Democrático aseguró que esta misma situación pasó en la administración de Claudia López: “No puede ser que esto sea el karma para Bogotá, el manejo de los cementerios. Si la persona incumple, pues claro que hay que adelantar un proceso de incumplimiento y se tiene que sancionar, pero lo que no quiero como concejal de Bogotá es contratos a dedo, donde la transparencia quede en lo entredicho”.
La cabildante considera inaceptable que continúen presentándose presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos públicos y que un tercero haya interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por supuestos actos de corrupción al interior de la entidad en relación con el contrato de operación de los cementerios.
Razón por la que cuestionó el hecho de un contrato que vale 41 mil millones de pesos, se lo fueran a entregar a un consorcio que se inventó de la noche a la mañana. “No, es mejor la licitación, es mejor la transparencia, hay que pasar de estos problemas históricos y que los bogotanos tengan una buena administración de los cementerios. Entonces la gran pregunta aquí ¿si hubo aquí una orden también de un órgano de control, si hubo una solicitud de determinación, por qué no se empezó a organizar un proceso serio y no lo que estamos viviendo hoy?”, agregó.
Por este motivo, se solicita nuevamente al alcalde Carlos Fernando Galán que destituya de inmediato a la directora Ordóñez. Según la concejal, por el bien de la entidad y de Bogotá, la directora debe defenderse fuera del cargo.
De esta manera Diago afirmó que “lo que hoy estamos viendo es que estamos ante un desorden administrativo gigante, denuncias en la Fiscalía y que está llevando a contrataciones directas, eso es lo que hay que advertir a tiempo ante un proceso de contratación”.
Demanda penal a la directora de la Uaesp: le habría pedido $5 mil millones de “coima” al operador para prorrogar el contrato
El escándalo por presunta corrupción en los cementerios distritales de Bogotá sigue creciendo, luego de que Semana revelara detalles sobre una supuesta oferta de coima de una funcionaria a un empresario del sector.
La propuesta, según denunció el empresario, incluía el pago de cinco mil millones de pesos a cambio de extender el contrato de concesión por tres años.
El 21 de septiembre, la empresa Jardines de Luz y Paz sorpresivamente cesó sus operaciones en los cementerios distritales, pocos días antes de finalizar un proceso de sanción e inhabilidad por parte de la Uaesp.
De acuerdo con la entidad distrital, la decisión fue criticada por ser arbitraria y sin previo aviso. “El actual operador, en un comportamiento que la Administración Distrital rechaza de manera categórica, decidió arbitrariamente y sin previo aviso dejar de prestar los servicios y cerrar las instalaciones de los cuatro cementerios distritales”, mencionó la Uaesp en un comunicado.
Semana agregó que la empresa interrumpió sus actividades no solo en medio de un proceso de sanción, sino también activando de inmediato un plan de emergencia para garantizar la operatividad de los cementerios. Esta situación ha provocado una reacción inmediata por parte de las autoridades locales.
Parada aseguró que la intención detrás de la suspensión en los servicios de los cementerios es declarar ‘urgencia manifiesta’ y así poder designar directamente el próximo operador de estos sitios. Este movimiento, según Parada, habría sido parte de una discusión en curso desde abril, resistida inicialmente por la directora de la Uaesp.
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