A pocas horas de que el presidente Gustavo Petro deba retractarse y presentar excusas públicas a Enrique Vargas Lleras, exmiembro de la junta directiva de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por haberlo señalado como responsable de los problemas en el sistema de salud del país, apareció una denuncia que aviva la controversia política y legal.
El Colombiano conoció un documento fechado el 20 de junio de 2024 y firmado por Rodolfo Salas, director jurídico del Ministerio de Salud, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Enrique Vargas Lleras.
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El centro de la denuncia se basa en una auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud tras la intervención a la Nueva EPS. La auditoría reveló un ocultamiento de cerca de $5 billones en facturas no legalizadas, las cuales fueron registradas de manera irregular. Este proceso, conocido como “jineteo”, consistía en ocultar facturas del año anterior y registrarlas como si pertenecieran al año siguiente, distorsionando así los balances financieros de la aseguradora.
El documento de denuncia indica que, “se ha hablado recientemente de distintos hallazgos y el más relevante es el hallazgo financiero frente al ocultamiento de cerca de $5 billones en facturas que se encontraban engavetados y que no habían sido legalizadas al interior del sistema”. Esta práctica, habría generado una disminución en el recurso económico disponible para la prestación de servicios de salud cada año, lo que suscitó múltiples dudas sobre el manejo financiero y los balances presentados a la junta directiva de la EPS.
Denuncia por estafa, administración desleal y peculado
El Ministerio de Salud acusó a Enrique Vargas Lleras y a otros cuatro exmiembros de la junta directiva de la Nueva EPS, Néstor Ricardo Rodríguez, Noemí Sanín Posada, Fernando Jiménez Rodríguez y Beatriz Muñoz Calderón, de los delitos de estafa, administración desleal y peculado por aplicación oficial diferente.
Según la denuncia, el actuar de la junta directiva se presentó de forma presuntamente fraudulenta, con el objetivo de ocultar las facturas por el valor ya mencionado. Esta situación ha llevado a un déficit y crisis financiera en la EPS.
Rodolfo Enrique Salas, director jurídico del ministerio, explicó que “los directivos de la Nueva EPS consiguen un lucro directo, esto es, la continuación en el pago de salarios y honorarios”. Además, añadió que los miembros de la junta directiva, contadores y revisores fiscales incurren en el delito de estafa, ya que se reúnen todos los presupuestos esenciales para su conformación.
La denuncia también aborda el delito de administración desleal, argumentando que los recursos destinados a pagar los servicios de salud fueron utilizados de manera fraudulenta. “Encubiertamente se realizó el jineteo de las facturas a efectos de demostrar estados financieros estables y además de ello, hacer creer que existían utilidades en las operaciones de la sociedad”, se lee en el documento conocido por el medio ya citado.
El delito de peculado por apropiación oficial diferente se refiere a la utilización de recursos destinados a la prestación de servicios de salud para otros fines ajenos a los originalmente previstos. Según la denuncia, los cinco directivos denunciados usaron los fondos destinados a la salud para asuntos distintos, al ocultar las facturas de los prestadores de servicios de salud.
Petro tendrá que retractarse por acusaciones contra Enrique Vargas Lleras
La denuncia del Ministerio de Salud ocurre en un contexto de tensiones políticas, pues el 6 de septiembre, el Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer excusas públicas a Enrique Vargas Lleras. Este fallo se produce en medio de las fuertes críticas que Petro ha dirigido contra el exintegrante de la junta directiva de la Nueva EPS y contra la familia Vargas Lleras en general.
El 28 de mayo de 2024, el presidente Petro había afirmado que el sistema de salud colombiano, bajo la intermediación de recursos públicos, era insostenible. Además, acusó a la Nueva EPS de ocultar deudas cercanas a $5 billones y responsabilizó a la familia Vargas Lleras por la pérdida de recursos públicos y el impago a clínicas y hospitales.
Estas acusaciones fueron reiteradas por Petro en publicaciones posteriores, en las que también acusó a la Nueva EPS de ser una “caja de financiación” para los dirigentes de Cambio Radical. El jefe de Estado deberá, a más tardar el viernes 13 de septiembre, cumplir la orden del Consejo de Estado.
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