La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente para revisar y reformar las normativas laborales en Colombia, con el fin de mejorar las condiciones de dignidad y derechos básicos para quienes trabajan bajo modalidades de empleo atípico.
Este llamado se produce en el contexto de la reforma laboral que cursa en el Congreso de la República y abarca áreas cruciales como los contratos de prestación de servicios, las empresas de servicios temporales, y los trabajos en plataformas digitales, como las aplicaciones de movilidad y reparto a domicilio.
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El estudio titulado ‘Flexibilización de la vinculación laboral (Empleo Atípico) en Colombia: una revisión sobre algunos de los modelos actuales’, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, pone en evidencia que, aunque la flexibilidad laboral se introdujo con la intención de aumentar el empleo y reducir la informalidad, ha tenido consecuencias negativas significativas.
“La flexibilidad laboral se estableció con la intención de promover la generación de empleo y reducir la informalidad. Sin embargo, hemos encontrado que esta flexibilidad ha sido objeto de abusos en las figuras de intermediación y tercerización laboral, afectando la protección social integral de los trabajadores”, señala el informe.
Problemas identificados en la regulación
Una de las conclusiones más destacadas del estudio es la falta de precisión en la reglamentación de los empleos atípicos. El informe revela que “la reglamentación es imprecisa para las modalidades de empleo atípico, que avanzan más rápido que las leyes”. Esta brecha entre la evolución de los modelos de empleo y la legislación vigente ha generado una serie de problemas, incluyendo la precarización de las condiciones laborales y una deficiente protección social para los trabajadores.
El informe critica la gestión estatal en relación con la inspección y el control de las modalidades de empleo atípico. Aunque figuras como la tercerización y la intermediación laboral están bajo la supervisión de la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del Ministerio de Trabajo, el estudio reveló que las denuncias e investigaciones por intermediación ilegal han disminuido de 71 procesos en 2018 a solo 21 en 2022. Este descenso pone de relieve las deficiencias en la capacidad del Estado para garantizar los derechos de los trabajadores en estas modalidades.
Impacto en los trabajadores
El estudio también destaca que las diferentes modalidades de empleo atípico han permitido una mayor inserción laboral legal para jóvenes y mujeres, contribuyendo a la disminución del desempleo e informalidad. Sin embargo, esta flexibilidad laboral a menudo viene acompañada de una disminución de las garantías y derechos laborales. “A pesar de que la flexibilidad laboral ha ayudado a reducir el desempleo e informalidad, en muchos casos se ha producido una disminución de garantías y derechos laborales. La gestión del Estado para asegurar un trabajo digno y decente ha sido deficiente”, asegura el informe.
En particular, los contratos de prestación de servicios han sido identificados como una figura que requiere una mejor regulación. Estos contratos ofrecen poca estabilidad y trasladan toda la carga de la seguridad social al contratista, además de negar beneficios como vacaciones y primas. El estudio de la Contraloría señaló que “los contratos de prestación de servicios requieren una regulación más estricta, ya que ofrecen poca estabilidad y trasladan toda la carga de la seguridad social al contratista, negando beneficios esenciales para un empleo digno”.
Desafíos en el ámbito digital
El estudio también aborda la falta de avances en la legislación relacionada con los trabajos generados a través de plataformas digitales. Estos empleos, que incluyen trabajos en aplicaciones de movilidad y reparto a domicilio, están marcados por una alta precariedad y una casi total desprotección en términos de derechos laborales. “La legislación colombiana aún no ha avanzado en la regulación de formas de empleo más recientes, como los trabajos generados a través de plataformas digitales, donde la precariedad y la desprotección de los derechos laborales son casi totales”, advirtió la Contraloría.
Por todo lo anterior, el ente de control fiscal hizo un llamado a las entidades públicas y al Congreso Colombiano para actuar con urgencia. “Este hecho debería ser una invitación a las entidades públicas con responsabilidades sobre el particular, y en especial al Congreso Colombiano, para legislar sobre estas formas de vinculación atípica y proteger estos derechos laborales”.
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