La Defensoría del Pueblo lanzó en las últimas horas una Alerta Temprana (AT) 022 de 2024 dirigida a la ciudad de Neiva y a los municipios de Tello, Baraya y Colombia, en el departamento del Huila, debido a la preocupante escalada de violencia provocada por la creciente presencia de disidencias de las Farc en la región.
Las facciones armadas que han intensificado su control territorial en esta zona pertenecen a los frentes Iván Díaz y Darío Gutiérrez, ambos integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias Calarcá. Según la Defensoría del Pueblo, estos grupos han incrementado sus actividades delictivas, especialmente las extorsiones dirigidas contra los pobladores locales, generando un clima de inseguridad y temor en las comunidades afectadas.
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Recomendaciones y medidas de prevención
En su alerta, la Defensoría ha emitido 22 recomendaciones específicas dirigidas a las autoridades nacionales y locales. Allí se destaca la necesidad urgente de garantizar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas y la implementación de medidas de prevención y protección que puedan contrarrestar el accionar de estos grupos armados.
La entidad también advierte sobre el riesgo de que la influencia de estas disidencias, actualmente concentrada en zonas rurales, se extienda hacia el área urbana de Neiva. De acuerdo con la Defensoría, existe la posibilidad de que estas facciones recurran a bandas delincuenciales locales para tercerizar sus actividades criminales, lo que podría agravar la situación de seguridad en la capital del Huila.
La región afectada por la presencia de estos grupos armados es un corredor estratégico que conecta con varios departamentos clave, como Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Bogotá, a través del páramo de Sumapaz. Esta ubicación facilita no solo el movimiento de materiales bélicos, también el fortalecimiento de economías ilícitas y el tránsito de miembros de los grupos armados.
Defensoría pide intervención estatal en Arauca
Ante el preocupante aumento de la violencia en el departamento de Arauca, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la institucionalidad gubernamental para que haga presencia en el territorio y tome medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas. La situación en Arauca ha empeorado significativamente, con un alarmante número de homicidios, desapariciones forzadas, y ataques a infraestructuras críticas en las últimas semanas.
Entre el 22 y el 27 de agosto, se registraron ocho homicidios en los municipios de Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame, la mayoría de ellos perpetrados por integrantes de grupos armados ilegales. Las víctimas incluyen jóvenes y líderes comunitarios, como Willis Guillermo Robinson Sánchez, líder comunal de Puerto Rondón, y Óscar Guerrero, presidente de la junta de acción comunal de Corocito. Con estos casos, el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Arauca en 2024 asciende a 13, mientras que el total de homicidios en el departamento supera los 100 entre enero y agosto de este año.
Además de los homicidios, se han reportado más de 110 casos de desapariciones forzadas y secuestros en el mismo periodo, lo que ha incrementado la sensación de desprotección y vulnerabilidad entre la población civil.
La violencia en Arauca no solo se ha manifestado en homicidios y desapariciones, sino también en ataques directos contra infraestructuras y fuerzas del orden. Durante el fin de semana, la estación de Policía de Fortul, ubicada en pleno casco urbano, fue hostigada con artefactos explosivos y ráfagas de fusil, poniendo en riesgo la vida de los habitantes del municipio.
En los últimos seis días, se han reportado atentados con explosivos contra la infraestructura petrolera, afectando el oleoducto Caño Limón-Coveñas y el oleoducto Bicentenario. Estas acciones han comprometido los derechos de las comunidades rurales de Saravena, Fortul y Tame, especialmente en lo que respecta al goce de un medioambiente sano.
La Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre la crítica situación en Arauca, subrayando los riesgos derivados del conflicto armado en varios informes y alertas. El pasado 20 de agosto, la entidad remitió un oficio a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), donde señaló el peligro de que los niveles de violencia aumenten si no se ratifica o mantiene el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc y el ELN.
La Defensoría dejó constancia de que estas estructuras armadas podrían intensificar los ataques contra las comunidades, la fuerza pública, y las infraestructuras petrolera y energética en la región.
Como parte de su misión de proteger los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a los actores armados no estatales para que cesen las acciones violentas contra la población civil y respeten las normas del derecho internacional humanitario (DIH). La entidad insta a las autoridades gubernamentales a tomar acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes de Arauca, quienes siguen viviendo en medio de la zozobra y el temor.
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