El Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, fue finalmente aprobado por la Corte Constitucional de Colombia.
Este acuerdo representa un avance en la legislación ambiental del país. Aunque fue adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica, su puesta en marcha en Colombia solo fue viable en 2022, durante el mandato de Gustavo Petro.
La Ley 2273 de 2022, que ratifica el acuerdo, podrá ahora ser implementada tras la aprobación unánime por parte de la Corte Constitucional.
Ante la aprobación por la Corte Constitucional, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, argumentó en su cuenta de X por qué el acuerdo no le parece conveniente para el país.
Entre sus motivos comentó que “el acuerdo proteja la vida de los líderes sociales que son asesinados en su mayoría por las Farc y el ELN”.
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Paola Holguín destacó que Costa Rica no ratificó el Acuerdo de Escazú por la incertidumbre que generaba para los sectores privados.
Del mismo modo, Perú decidió archivar el acuerdo argumentando que implicaba una pérdida de soberanía, atentaba contra la propiedad privada y los derechos adquiridos.
Holguín también señaló que en estos países se afirmó que el acuerdo era particularmente estricto con las empresas formales, mientras carecía de herramientas efectivas para mitigar o contrarrestar las actividades ilegales.
Además, la senadora recordó que el Tribunal Constitucional de República Dominicana tampoco ratificó el Acuerdo de Escazú, al considerarlo no conforme con la constitución del país.
“Costa Rica no ratificó el acuerdo por la incertidumbre que generaba a los privados; Perú también lo archivó por la pérdida de soberanía, porque atentaba contra la propiedad privada y contra los derechos adquiridos, además afirmaron la dureza del Acuerdo con las empresas formales y la falta de herramientas para mitigar o contrarrestar las actividades ilegales; el Tribunal Constitucional de República Dominicana no lo ratificó por considerarlo no conforme con la Constitución”, dijo en su cuenta de X la senadora del Centro Democrático.
Ante la Corte Constitucional de Colombia, Holguín dijo que en su momento advirtió que las competencias otorgadas a los órganos creados por el Acuerdo de Escazú limitan la configuración normativa del Estado.
Señaló que las principales protecciones para el desarrollo sostenible ya están contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano y argumentó que no es cierto que el acuerdo proteja la vida de los líderes sociales, quienes, según ella, son asesinados mayoritariamente por las Farc y el ELN.
“Además de esto, ante la Corte Constitucional advertí que las competencias que se reconoce a órganos creados por el Acuerdo de Escazú, limita la configuración normativa del Estado; las principales protecciones para el desarrollo sostenible ya está en nuestro ordenamiento jurídico y no es cierto que el acuerdo proteja la vida de los líderes sociales que son asesinados en su mayoría por las FARC y el ELN”, opinó Holguín en su mensaje al respecto.
Por otro lado, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro resaltó la decisión de la Corte Constitucional de declarar constitucional la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú. “Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia. Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida”, comentó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X.
Y es que, en su momento la sala plena de la Corte Constitucional evaluaba la constitucionalidad de la ley que adoptó el Acuerdo de Escazú en Colombia, luego de que ésta fuera aprobada en los cuatro debates del Congreso.
El 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional de América Latina y el Caribe enfocado en temas medioambientales. Asimismo, es el primer acuerdo global que contempla medidas específicas para la protección y los derechos de los defensores ambientales.
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