Daniela Andrade recibiría 70 millones mensuales: a la funcionaria involucrada en el escándalo de la Ungrd le dieron una de las notarías más lucrativas del país

La llegada de Daniela Andrade a la Notaría 36 de Bogotá, ubicada cerca de varias sedes del poder en el centro de la capital, ha generado un gran revuelo.

Su nombramiento se lleva a cabo en medio de cuestionamientos y señalamientos sobre posibles sobrecostos en la adquisición de plantas desalinizadoras durante su tiempo en la Unión Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

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El medio El Colombiano reportó que esta notaría, una de las más lucrativas del país, factura más de 350 millones de pesos mensuales, excluyendo los pagos de nómina y otras responsabilidades legales, y que Andrade gana alrededor de setenta millones de pesos mensuales.

El medio citado mencionó que Andrade firmó pagos relacionados con sobrecostos en la compra de carrotanques, lo cual incrementa la suspicacia sobre su gestión pasada. Sin embargo, el expresidente de Fiduprevisora, Marín, justificó haberla nombrado por conocerla desde sus años universitarios y por su preparación y trayectoria profesional.

El nombramiento de Andrade ha sido objeto de controversia debido a sus vínculos familiares y políticos. Su padre fue magistrado del Consejo de Estado, y su experiencia en la Superintendencia de Notariado y Registro y en la Fiduprevisora la ponen en una posición fuerte dentro del sector.

La fuente mencionada afirma que la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación que incluye su nombre y el del exsubdirector general de la Ungrd, Víctor Andrés Meza Galván.

El expediente, iniciado el 31 de mayo, examina la compra de tres plantas desalinizadoras para La Guajira por 42.000 millones de pesos, documentando un posible soborno o mala administración de fondos públicos.

En defensa de Andrade, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para desmentir las acusaciones y apoyar su nombramiento. Según Petro, la relación de Andrade con la Ungrd es limitada y no tuvo injerencia en los procesos de contratación controvertidos.

Argumentó que las críticas y presiones para remover a Andrade de su puesto son infundadas y carecen de evidencia sólida en las investigaciones en curso.

Antes de su llegada a la Notaría, Andrade acumuló significativa experiencia en la Fiduprevisora y en la Superintendencia de Notariado y Registro.

Fue vicepresidenta de contratación derivada en la Fiduprevisora hasta junio de 2023, trabajando durante la administración de Mauricio Marín, quien dejó la entidad en medio de fricciones con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el fracaso en la implementación de un modelo de salud para los maestros.

Su relación con Jaime Ramírez Cobo

Dentro de la investigación, resaltó que Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, quien también ha sido implicado en investigaciones y es asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ramírez es amigo personal de Andrés Sarabia, esposo de la jefa de gabinete Laura Sarabia, conocida en el ámbito político.

Jaime Ramírez Cobo se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que ha sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según reportes recientes. Cobo, conocido por ser el enlace entre la Presidencia y el Congreso, fue mencionado en conversaciones capturadas por la Fiscalía, en las que se lo señala como facilitador en la adjudicación de contratos.

Las supuestas conversaciones, realizadas el 14 de diciembre de 2023 entre Ramírez Cobo y Sneyder Pinilla, mencionan su solicitud de ayuda relacionada con el manejo de fondos destinados a la Ungrd. Pocos días antes, el 11 de diciembre de 2023, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había aprobado una asignación de más de 700.000 millones de pesos para la entidad, de acuerdo con informes de El Colombiano.

En sus declaraciones a la Fiscalía, Ramírez Cobo ha rechazado las acusaciones, argumentando que existe una denuncia en curso para esclarecer su implicación. Junto a su pareja, Daniela Andrade, presentó una denuncia contra unas cadenas de mensajes de WhatsApp que vinculaban su nombre con prácticas corruptas y lo relacionaban con el hermano de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de Presidencia.