Más de treinta personalidades de la economía en Colombia, como exministros y ex codirectores del Banco de la República, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Colpensiones, enviaron una carta abierta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para demandar la rápida reasignación de recursos en el presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social para evitar el colapso del sistema de salud.
Frente a esa petición, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, respondió corto pero contundente el mensaje: el jefe de Estado aseguró que la Unidad de Pago por Capitación aumentó en un 12%, 6%.
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El presidente respondió a los exministros que este año el incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para las EPS fue del 12.6%, superando la inflación. Además, aseguró que hay miles de millones de pesos en reservas técnicas que no se han encontrado.
“No señores. Este año la UPC para EPS creció 12%, 6% por encima de la inflación. Hay decenas de billones de pesos de reservas técnicas extraviadas”, escribió en su cuenta de X el primer mandatario colombiano.
A las palabras del presidente de la República, reaccionó el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero quien, le respondió al primer mandatario que contradiciéndolo, diciendo que en realidad el crecimiento estuvo por debajo de la inflación del año 2023, por lo tanto en sus palabras, “desfinanciaron”.
“@Petrogustavo no entiende que aumento de la UPC se calcula con la inflación observada del año que termina y no con la expectativa inflacionaria del que inicia. La UPC, descontando inclusiones y 5% de equipos extramurales, creció menos que la inflación de 2023. Desfinanciaron”, comentó el legislador perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Por su parte, los autores de la carta enfatizan la seriedad del escenario, advirtiendo que, sin una reasignación de 2.5 billones de pesos, el derecho de los colombianos a la salud estaría comprometido. Su solicitud se enfoca en mover recursos del apartado “apoyo a programas de desarrollo de la salud” al de “aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales en salud”.
Y es que, la petición de reasignar el presupuesto se fundamenta en varios puntos esenciales. Primero, los especialistas resaltan que, de manera sin precedentes, el Ministerio de Salud asignó 5,05 billones de pesos a fines distintos del aseguramiento. Esto implica que se están destinando recursos a áreas que, aunque relevantes, no deberían financiarse en detrimento de los fondos necesarios para asegurar el derecho a la salud.
De acuerdo con los firmantes, estos fondos se han destinado a financiar personal e infraestructura en las regiones. Aunque estas inversiones son necesarias, han afectado la capacidad del sistema para ofrecer servicios de salud de forma eficiente.
En segundo lugar, señalan que hasta ahora se han transferido 1,6 billones de pesos y se ha reducido en 900.000 millones la asignación de fondos para el aseguramiento, quedando un saldo disponible de 2,5 billones de pesos. Esta circunstancia, reflejada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), sugiere que el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para fin de año está en peligro.
A pesar de que los expertos valoran los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura y la capacidad del personal de salud en las regiones, reiteran que el aseguramiento sigue siendo una prioridad legal y constitucional.
La carta manifiesta igualmente una gran inquietud por la reciente respuesta del Ministerio de Hacienda a una solicitud enviada desde el Congreso al Ministerio de Salud para conocer la situación del financiamiento del sistema. En esa respuesta, el Ministerio de Hacienda aseguró que se llevará a cabo la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos “una vez los ingresos de la Nación muestren un comportamiento adecuado que permita la asignación de los mismos”.
Lo cual, según los autores de la carta, va en contra de las directrices de la Corte Constitucional. Esta postura, afirman, compromete la garantía del derecho fundamental a la salud.
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