Julio Gerlein fue absuelto del cargo de concierto para delinquir por la Corte Suprema de Justicia. El empresario había sido acusado de entregar dinero a la excongresista Aida Merlano para que no revelara detalles sobre su fuga, pero tras una audiencia de cuatro horas, el tribunal dictaminó que no se demostró la existencia de una empresa criminal.
Jaime Lombana, abogado de Gerlein, contó que la excongresista “cambió demasiado sus versiones” durante el proceso. En la audiencia, se confirmó que Gerlein le había dado dinero a Merlano, no para financiar su campaña de 2018, sino porque mantenían una relación amorosa.
“El apoyo económico que le brindó era consecuencia de su vínculo personal”, explicó Lombana, según lo informó La W Radio en medio de su exclusiva.
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El caso de Gerlein se originó a partir de las declaraciones de Merlano sobre su campaña electoral, por la que ella fue condenada. Contra Gerlein se pesaban tres delitos: corrupción al sufragante, financiación ilícita de campañas políticas y concierto para delinquir.
Los delitos de corrupción y financiación prescribieron, pero el de concierto para delinquir seguía pendiendo sobre él, y finalmente resultó en su absolución.
Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio, detalló que la defensa demostró que Gerlein estaba “locamente enamorado” de Merlano y la apoyaba en todas sus actividades políticas, incluyendo grandes sumas de dinero. Sin embargo, esto no pudo ser ligado a un acto criminal.
Aida Merlano había hecho referencia a la campaña de 2018 en sus declaraciones, lo que originó este caso desde el principio. Sin embargo, sus declaraciones inconsistentes jugaron un papel crucial en la conclusión del juicio.
El proceso de extinción de bienes de Aida Merlano se declara legal
El proceso de extinción de dominio de los bienes de la excongresista Aida Merlano ha sido declarado legal desde mayo del 2024. La Jueza Primero del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá determinó que la confiscación de cinco apartamentos y una casa en Barranquilla, además de cuatro apartamentos en Bogotá, se realizó conforme a la ley.
Esta junta judicial concluyó que los motivos para la extinción de dominio eran razonables, necesarios y proporcionales, según informó Caracol Radio.
La propiedad de estos inmuebles se atribuye directamente a Merlano. Sin embargo, una vez comenzó su proceso judicial, decidió transferir los bienes a nombre de la empresa Sociedad Esaid S.A.S, donde sus hijos Aida Victoria y Esteban figuran como socios. Merlano, condenada por concertación para delinquir, corrupción al sufragante en calidad de coautora y porte ilegal de armas, apeló la decisión que imponía las medidas cautelares y el proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía intervino los bienes de Merlano al considerar que provenían de la compra de votos en la llamada “Casa Blanca”, epicentro de procesos electorales corruptos en el departamento de Atlántico. El abogado de Merlano argumentó que no existían suficientes pruebas para demostrar que estos bienes eran producto de actos corruptos relacionados con la compra de votos.
Según la defensa, la Fiscalía no explicó adecuadamente los fundamentos probatorios para despojar los bienes a las personas que los ocupaban, mencionando únicamente el nombre del actual titular de los predios y su transferencia a la Sociedad Esaid S.A.S.
La jueza destacó en su fallo, citado por Caracol Radio, que la necesidad de la extinción se estipuló conforme al derecho y que los bienes fueron obtenidos de manera ilícita por Merlano. “Como lo estipula la necesidad, el ente acusador no explicó los fundamentos probatorios que conllevaban a la obligación de despojar del bien a las personas que lo ocupaban”, rezaba el comunicado.
Cabe recordar que Merlano fue capturada y condenada tras un mediático proceso que incluyó su fuga cinematográfica durante una cita odontológica en Bogotá. Posteriormente, fue detenida en Venezuela y enviada de regreso a Colombia para enfrentar los cargos en su contra. El fallo reitera la legalidad de las acciones llevadas a cabo para desmantelar la estructura patrimonial que se consideró basada en el enriquecimiento ilícito proveniente de actividades corruptas.
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