
Después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciara públicamente la liberación de tres extranjeros que fueron retenidos por, presuntamente, contratar los servicios sexuales de tres menores de edad de 14, 16 y 17 años, en la mañana del domingo 11 de agosto se conoció que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional adelantaron un operativo para dar con su recaptura.
Según reveló la revista Semana, las labores de los agentes dieron con la captura del estadounidense Owoseni Ridwan Ajishola, que fue detenido en la ciudad de Bogotá cuando intentaba tomar un vuelo con destino a Miami desde el Aeropuerto Internacional El Dorado; mientras que el venezolano Eabith Elías Ortiz Toro, de 23 años, fue capturado en la ciudad de Medellín.
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Además, los oficiales están en labores para dar con la captura del tercer ciudadano extranjero que fue dejado en libertad en la mañana del sábado 10 de agosto identificado como Thys Damian. Entretanto, el estadounidense y el venezolano serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para dejar en firme la legalización de su captura.
Asimismo, se conocieron detalles de la liberación de los tres extranjeros que generó el rechazo del alcalde Federico Gutiérrez. Según comentaron fuentes enteradas al medio nacional, un juez con función de control de garantías no legalizó la captura después de que encontrara fallas en el proceso de detención.
El togado habría argumentado que los oficiales ingresaron a la vivienda de los tres ciudadanos de forma ilegal, pues no obtuvieron el permiso para acceder al predio alquilado a través de Airbnb. Sin embargo, los uniformados alegan que, una vez se conoció la denuncia, tocaron a la puerta y con autorización de los extranjeros ingresaron al apartamento donde se encontraban las menores, lo que motivo la captura en flagrancia.
Pretendían hacer una orgía en Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, exigió medidas más severas contra los autores de explotación sexual luego de la detención de tres extranjeros acusados de pagar por relaciones sexuales con menores de edad, producida el jueves 8 de agosto sobre las 9:00 a. m.
Según informes de las autoridades, los detenidos son Owoseni Ridean y Thys Damián, de origen estadounidense, y Eabith Ortiz, de nacionalidad venezolana habrían contratado a tres jóvenes de entre 14, 16 y 17 años.

La alerta sobre las actividades sospechosas en la zona residencial de El Poblado llegó de parte de los vecinos, quienes informaron sobre el ingreso de tres menores a una vivienda de alquiler, lo que permitió la intervención inmediata de la Policía. Según fuentes enteradas del caso, los hombres pretendían realizar una orgía a cambio de dinero.
Tras la denuncia y la intervención, el mismo día se procedió a la detención de los implicados, quienes fueron presentados ante un juez para la legalización de su captura. En declaraciones, Gutiérrez señaló: “Sí, había existido una transacción económica y eran víctimas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.
Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, en la mañana del 10 de agosto, se confirmó la liberación de los sujetos debido a que no había una orden de captura emitida por un juez de control de garantías en el momento de las detenciones. Ante esta decisión, Gutiérrez expresó su preocupación y rechazo, declarando que los derechos de los delincuentes no deben prevalecer sobre los de las víctimas menores de edad.
“Como alcalde, ciudadano y padre de familia, no puedo aceptar que en un caso donde hay evidencias del delito de explotación sexual, haya impunidad. En Medellín estamos dando la lucha para proteger a nuestros niños y niñas”.
También manifestó su temor de que los acusados huyan del país antes de que se emita una orden de captura formal. “No puede ser posible que no tengamos herramientas para evitar que tres ciudadanos extranjeros, que cometieron un delito se puedan ir del país mientras esperamos tener una orden de captura”.
En respuesta a estos hechos, el alcalde anunció nuevas medidas legales y la extinción de dominio sobre los inmuebles donde se perpetren delitos sexuales. Su administración trabajará para que los bienes utilizados en la explotación sexual sean expropiados, con un enfoque especial en la regulación de inmuebles alquilados para estancias cortas a través de plataformas como Airbnb.
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