Gobernador de Antioquia rechazó los diálogos entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo

Julián Rendón señaló su preocupación por los ceses al fuego del Gobierno nacional con los grupos al margen de la ley

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El gobernador Andrés Julián Rendón
El gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente Gustavo Petro - crédito @AndresJRendonC - EFE

La Gobernación de Antioquia ha manifestado su descontento con el reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre los diálogos con el Clan del Golfo. Andrés Julián Rendón, el gobernador del departamento, calificó la noticia como una “cachetada” para la región, de acuerdo con información obtenida por la emisora W Radio,

Rendón mostró por la situación de seguridad en Antioquia, donde el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, sigue siendo una de las principales amenazas en los municipios del departamento.

Imagen de archivo de grupos
Imagen de archivo de grupos armados en Colombia | Crédito: Colprensa

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Rendón ha sido un crítico constante de las políticas de cese al fuego con grupos armados ilegales, y ha pedido en repetidas ocasiones que se ponga fin a estos acuerdos con otras estructuras criminales. Según el gobernador, el Clan del Golfo sigue operando en al menos 80 municipios de Antioquia, y su presencia ha exacerbado la violencia en zonas como el Nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueño.

En una carta dirigida al Gobierno Nacional, Rendón expresó su preocupación y desacuerdo con la decisión de iniciar diálogos con el Clan del Golfo, grupo que sigue siendo responsable de actos violentos en la región. “La violencia en el Nordeste, Bajo Cauca, y en el Oriente del departamento arrecia por la presencia de este grupo criminal que posa de insurgente”, señaló el gobernador en su misiva, destacando el recrudecimiento de la inseguridad en estas zonas.

El mandatario regional considera que es una burla que se inicien conversaciones con el Clan del Golfo mientras se continúan reportando incidentes violentos en Antioquia. Rendón hizo hincapié en que esta estructura criminal, liderada por ‘Chiquito Malo’, sucesor de ‘Otoniel’, sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Según él, abrir la puerta a negociaciones en estas circunstancias envía un mensaje contradictorio a las comunidades afectadas por la violencia.

La expresión de descontento de Rendón se suma a la de otros líderes locales que ven con escepticismo los esfuerzos del Gobierno nacional por entablar diálogos con grupos armados ilegales. Para muchos, la violencia persistente en los territorios controlados por el Clan del Golfo hace que cualquier intento de negociación parezca desconectado de la realidad vivida por los habitantes de esas zonas.

Expansión del Clan del Golfo en Colombia

El Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha logrado expandir su influencia en el 75% del territorio colombiano, operando actualmente en 24 de los 32 departamentos del país. Así lo reveló un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que presentó una radiografía detallada de las actividades criminales de este grupo armado. Desde 2017, un notable 54% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría fueron relacionadas con el Clan del Golfo, evidenciando el creciente dominio y la amenaza que representa para la seguridad nacional.

El crecimiento de la organización criminal es alarmante. Durante el período comprendido entre 2019 y 2024, este grupo pasó de tener presencia en 213 municipios a ocupar 392, lo que representa un incremento del 84%. Los departamentos donde su acción es más notoria incluyen Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca. La expansión del Clan del Golfo es especialmente significativa al norte del país, consolidando así su influencia en una vasta extensión del territorio colombiano.

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Cabe mencionar que, este grupo armado ha sido acusado de una amplia gama de delitos y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Entre las conductas criminales más recurrentes están los desplazamientos forzados masivos, confinamientos de comunidades enteras, reclutamiento, uso y utilización de menores para actividades delictivas, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, violencia sexual y restricciones a la movilidad de los habitantes.

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