
En la mañana del 31 de julio, la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una inspección en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz con el objetivo de investigar presuntas irregularidades en la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), interceptada por el Ejército Nacional en una zona rural de Antioquia.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido declaraciones adicionales sobre el avance de la investigación.
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Representantes del Ministerio Público visitaron las oficinas de Patiño para continuar las diligencias que comenzaron el lunes 29 de julio en las instalaciones de la UNP, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades en el proceso y verificar el cumplimiento de la normatividad y protocolos por parte de los funcionarios públicos.
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El martes 30 de julio, el consejero, junto al director de la UNP, Augusto Rodríguez, explicó que la caravana debía contar con el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, detallaron que los ocupantes de las camionetas no informaron a las autoridades sobre esta disposición. Además, mencionaron que no se proporcionaron las instrucciones necesarias.
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“La Policía en el Departamento de Antioquia tenía conocimiento del desplazamiento; sin embargo, el Ejército no sabía de la caravana y por eso se produjo la detención. Este desplazamiento es inusual porque no tenía el acompañamiento de la ONU y sin informar al Alto Comisionado decidieron hacer el desplazamiento. Gracias a la presencia militar se encontraron con el puesto de control donde fueron capturados”, dijo Otty Patiño por su parte.
El ente de control también dispuso una inspección disciplinaria en la sede de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para recopilar información sobre los agentes que integraban el esquema de seguridad de los pasajeros de las camionetas implicadas en los hechos. Se solicitaron los nombres, apellidos, identificaciones y cargos desempeñados, así como los manuales de funciones y protocolos de seguridad aplicables a estos funcionarios.
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De igual modo, se demandó información detallada del funcionario responsable de coordinar el grupo de seguridad. Esto incluye su nombre, apellido, identificación, cargo y los manuales de funciones y protocolos de seguridad relacionados con su labor. También se pidieron los documentos que regulan la protección de personas en el contexto del cese al fuego dentro del proceso de negociación entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central del GAOR.
Finalmente, el ente de control exigió un informe con el registro de novedades concernientes al retén militar del 23 de julio. Este documento debe detallar las circunstancias y eventos que motivaron la intervención del ejército en la zona rural de Antioquia, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades y verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.
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La Procuraduría General de la Nación, en la misma resolución, también ordenó una inspección en la oficina del Consejero Comisionado de Paz para obtener las resoluciones que designaron a los miembros del grupo armado Estado Mayor Central, quienes se movilizaban en la caravana, como negociadores o facilitadores en el proceso de paz.
Al respecto en el documento se lee que: “Además de ello, en este tipo de movilizaciones debe estar presente un funcionario de la OACP y deben coordinarse con la fuerza pública, especialmente si son por carreteras o vías primarias”.
Otra inspección disciplinaria ordenada por el Ministerio Público está dirigida a la unidad militar en Bello, Antioquia, para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la retención y registro de las camionetas de la UNP involucradas en los acontecimientos del 23 de julio de 2024.
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Y es que, en su momento la entidad destacó la relevancia de este proceso disciplinario para identificar posibles actos de omisión o complicidad entre los empleados de la UNP. La investigación se centrará en esclarecer los detalles sobre el modus operandi de los disidentes de las FARC y cómo lograron desplazarse utilizando vehículos oficiales.

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