Dragoneantes del Inpec revelaron las irregularidades en centros penitenciarios que terminaron en la parranda vallenata en Itagüí: “Ustedes mandan acá, pero nosotros mandamos en la calle”

El episodio que destapó la magnitud de los privilegios concedidos a cabecillas en la Cárcel La Paz de Itagüí ocurrió el 8 de abril de 2026, cuando el cantante Nelson Velásquez ofreció una presentación para internos, en un evento que cruzó los límites legales. La investigación se centra ahora en los testimonios de dos dragoneantes del Inpec, quienes admitieron que estos beneficios, como visitas extraordinarias, se habían vuelto “normales” bajo la política de paz total.

La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia disponen ya de estas declaraciones, que revelan cómo la permisividad dentro del penal permitió el ingreso de artistas, familiares fuera de horario y actividades festivas sin los controles que exige la ley. De acuerdo con un informe revelado por Cambio, el caso ilustra la instalación de una rutina donde los controles penitenciarios perdieron fuerza frente a las garantías ofrecidas a los privados de libertad por el proceso de paz total promovido por el gobierno de Gustavo Petro.

La parranda vallenata organizada por Velásquez evidenció que los beneficios para algunos internos alcanzaron tal nivel que podían traer un grupo musical sin la debida autorización ni los registros legales. Según los testimonios, la presión constante de los internos y el ambiente de intimidación contribuyeron a que los guardianes dejaran de oponerse a estos ingresos irregulares.

Lo ocurrido en la cárcel de Itagüí puso en el centro del debate la pregunta sobre la persona que autorizó estos privilegios y cuál fue el papel de las garantías de la paz total. La presencia de grupos criminales vinculados a negociaciones con el gobierno complicó aún más la situación, pues los guardianes aseguraron que la rutina de beneficios se instaló como consecuencia de la presión y de las directrices políticas en curso.

El proceso disciplinario incluyó las confesiones de Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, ambos dragoneantes del Inpec, quienes explicaron ante la Procuraduría cómo permitieron el ingreso del grupo musical el día del evento. Vargas Rubio recordó que “el Gobierno les ha dado ciertas garantías”, lo que naturalizó visitas extraordinarias y el ingreso de alimentos, mientras que Góez David describió paso a paso cómo obtuvo la doble autorización escrita para el ingreso, firmada por oficiales superiores.

El medio de comunicación también expuso que en el expediente consta que la presión de los internos era permanente. “Ustedes mandan acá, pero nosotros mandamos en la calle”, era la advertencia habitual que los guardianes recibían, según relató Vargas Rubio. Ambos coincidieron en que la frecuencia de estos permisos extraordinarios los llevó a considerar estas situaciones como parte de la normalidad.

La explicación sobre la ausencia de registros oficiales fue atribuida a la carga de trabajo y al ambiente intimidante. Mientras el evento se desarrollaba, solo dos guardianes vigilaban el pabellón de alta seguridad, lo que facilitó las omisiones en los controles. Además, la Procuraduría detectó que, de los 13 integrantes de la agrupación musical que ingresaron ese día, solo nueve aparecieron en los registros; entre los omitidos figuraba el propio Nelson Velásquez.

La presión política y las advertencias de la exministra Buitrago

Las declaraciones de los dos dragoneantes coinciden con los señalamientos que la exministra de Justicia Ángela María Buitrago había hecho antes de dejar el cargo en 2025. Buitrago denunció presiones de figuras políticas para flexibilizar el régimen penitenciario hacia internos involucrados en la paz total, y llevó su testimonio y pruebas a la Fiscalía y la Corte Suprema.

En diálogo con Cambio, la exministra enfatizó que la instrucción siempre fue “no hay privilegios, no hay concesiones y el régimen penitenciario debe cumplirse a rajatabla”. Sin embargo, relató que “iban directamente a las cárceles y decían que tenían permiso. Eran personas con poder político”.

Buitrago identificó a la senadora Isabel Zuleta como una de las principales presionantes, quien, según su testimonio, le aseguraba tener autorización del entonces presidente Gustavo Petro para gestionar beneficios.

La exministra insistió en que el presidente no tiene competencia para ordenar excepciones al régimen penitenciario, aclarando: “Quien manda en el régimen penitenciario es el Inpec y los jueces de ejecución de penas”. Buitrago recordó que, aunque la directriz ministerial era no otorgar privilegios, en las regiones se abrieron canales alternos para favorecer a ciertos internos. Incluso mencionó que la directora de la cárcel de Itagüí fue removida de su cargo tras permitir actuaciones irregulares.

Buitrago afirmó que su salida del gobierno estuvo motivada por el intento de conceder privilegios a grupos participantes en la mesa de negociación, como el Clan del Golfo y Comuneros, recluidos en Itagüí. En su criterio, “ninguna negociación de paz podía justificar excepciones al régimen penitenciario establecido por la ley”.

La gravedad del caso, según la exministra, radica en que los testimonios de los guardianes no legitiman la práctica, sino que evidencian la normalización de conductas contrarias al régimen legal. “No se puede normalizar el incumplimiento de la ley. Una cárcel no es un parque público”, sentenció Buitrago.

La exministra compartió que durante su gestión, varios guardianes que intentaron hacer cumplir las reglas fueron objeto de presiones, amenazas e incluso represalias. “Los ponen entre la espada y la pared. Había quienes querían cumplir la norma, pero también había quienes recibían amenazas por hacerlo”, relató.

La investigación adelantada por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, nutrida por los testimonios de los dragoneantes y las denuncias de la exministra Buitrago, busca ahora determinar hasta dónde llegó la red de permisos extraordinarios y cuáles fueron las consecuencias de la política penitenciaria en el contexto de la paz total. Mientras tanto, la normalización de privilegios en la cárcel de Itagüí revela una práctica profundamente arraigada que desafía los límites de la legalidad y la autoridad del sistema penitenciario colombiano.