Hospitales públicos anunciaron que no atenderán a los profesores desde el primero de agosto: denuncian que no les han pagado

Al Gobierno nacional le queda un día antes de que los hospitales públicos de Antioquia, agrupados en la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa), tome la drástica decisión de dejar sin servicios no urgentes a los docentes del departamento.

Así lo anunciaron desde el fin de semana por medio de una carta enviada a la gerente nacional de salud del Fomag, María Mercedes Petro, en el que advirtieron sobre los problemas que han presentado para cobrar por los servicios prestados a los docentes del magisterio, luego de que el Gobierno nacional decidiera cambiar el modelo de salud para este grupo.

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Sin embargo, este ultimátum ya no sería exclusivo del departamento de Antioquia, pues el diario El Espectador reveló recientemente que la medida de la Aesa sería replicada en las próximas horas por la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, lo que dejaría a todos los docentes del país sin servicios de salud.

El conflicto se origina con la implementación del nuevo sistema de salud del magisterio que comenzó el primero de mayo, cuyo objetivo principal era eliminar la figura de los operadores intermediarios. La propuesta del Gobierno nacional, con mayoría en la junta directiva del Fomag, fue dejar esta responsabilidad a la Fiduprevisora.

Sin embargo, la fiducia pública no tuvo la capacidad para asumir este reto rápidamente, al pasar de hacer contratos con entre nueve y trece operadores, a tener que hacerlo con más de diez mil instituciones de salud.

Varias denuncias sobre el mal funcionamiento del nuevo sistema llevaron al Congreso de la República a realizar debates de control político, provocando la renuncia del gerente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín. Para paliar la crisis, el Fomag expidió la circular 002 el 13 de mayo, autorizando a las instituciones de salud a prestar servicios al magisterio sin previa autorización y sin contrato, bajo la modalidad de “pago por evento” (servicio por servicio).

“Desde el cambio de modelo, los hospitales públicos de Antioquia nos comprometimos con la causa. En un gesto de buena voluntad, aceptamos atender a los maestros y sus beneficiarios sin contrato durante mayo, junio y julio, autorizados por el Fomag”, afirmó Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de Aesa. No obstante, tres meses después, aún no hay contratos, lo que las ha llevado a plantear esta decisión drástica.

A nivel nacional, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), también se prepara para una medida similar. “La situación no está fácil. Lo más grave es que no se ha avanzado nada. Antioquia se adelantó y reventó, pero el tema es nacional. La gente está muy molesta y muy inconforme”, declaró Olga Lucia Zuluaga, directora de Acesi, al medio nacional.

Uno de los problemas críticos es la ausencia de pago por los servicios prestados durante mayo, junio y julio. Sánchez explicó que “El Fomag nos dice que atendamos sin contrato, y luego la empresa auditora, D&G, nos dice que no nos va a pagar porque no hay contrato. No hay coherencia entre lo que dice el Fomag y la empresa auditoria, y eso tiene muy molesto a los gerentes de los hospitales públicos”.

De hecho, parte de las quejas de los hospitales públicos incluye la contratación de D&G para auditar los servicios, un proceso rodeado de dudas. Christian Rey Camacho y Georgina Arroyo, representantes de Fecode en el Fomag, señalaron en una carta del 24 de abril múltiples quejas respecto de la auditoría realizada por dicha empresa.

Agregaron que no se conocía qué otros proveedores se presentaron a la convocatoria y cuestionaron la elección de esta empresa auditora, cuyo contrato para revisar las cuentas del sistema del magisterio fue adjudicado por más de $72.000 millones.

La ausencia de contratos y pagos, junto con una auditoría cuestionada, ha llevado a que los hospitales públicos den el ultimátum. En caso de no recibir los contratos y pagos, los hospitales suspenderán los servicios no urgentes, afectando a los más de 800.000 afiliados del magisterio.

Entre los servicios que serían suspendidos se incluyen citas médicas generales, entrega de medicamentos, laboratorios, odontología, y otros servicios de promoción y prevención que no sean urgentes, por lo que los docentes solo podrían asistir a los centros de salud en caso de que su vida se encuentre en riesgo.