Condenan a exgobernador de Sucre por irregularidades en contratos para la comercialización de textos escolares

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra del exgobernador del departamento de Sucre Jorge Carlos Barraza, por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

La sentencia del alto tribunal se basa en la firma de cuatro contratos de dotación de textos escolares que Barraza celebró de forma directa, sin seguir el debido proceso de licitación, es decir, sin tener en cuenta la existencia de otras sociedades dedicadas a la comercialización de textos escolares. Estos contratos, firmados entre 2010 y 2011 con la empresa Los Tres Editores S. A. S., sumaban más de $2.298 millones.

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Según la Sala de Primera Instancia: “Es obvio que de haber observado los deberes derivados de la desconcentración hubiese detectado las evidentes anomalías en el trámite y se habría abstenido de aprobar la modalidad directa y suscribir los contratos claramente irregulares”.

Este proceso judicial contra el exgobernador de Sucre inició en 2018 cuando se le acusó del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso material, homogéneo y sucesivo.

Durante el juicio, la Corte Suprema subrayó que sigue siendo de su competencia juzgar a Barraza, dado que este ostentó el cargo de gobernador entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, y, por lo tanto, cuenta con fuero constitucional. “Si bien ya no ejerce el cargo, el fuero se mantiene, toda vez que, las conductas se derivan de las funciones desempeñadas”, precisó el magistrado Ariel Torres Rojas, en la audiencia contra el exfuncionario.

Barraza, que también ejerció como congresista entre 1998 y 2006, fue señalado no solo por firmar los contratos, sino también por no implementar ningún control ni ejercer labores de vigilancia sobre las actividades de sus subalternos. “El exmandatario no implementó ningún control ni ejerció labores de vigilancia sobre las actividades de sus subalternos, simplemente se limitó a expedir dichas resoluciones y suscribir los contratos”, detalló el fallo de la Corte Suprema.

Agregó: “Es obvio que de haber observado los deberes derivados de la desconcentración hubiese detectado las evidentes anomalías en el trámite y se habría abstenido de aprobar la modalidad directa y suscribir los contratos claramente irregulares”.

Las pruebas que llevaron a la condena del exgobernador de Sucre

La Fiscalía General de la Nación reveló graves irregularidades en los contratos celebrados por el exgobernador Jorge Carlos Barraza. El ente acusador sostiene que el exfuncionario infringió los principios de legalidad, transparencia, planeación y selección objetiva, al proceder con contratos sin observar los requisitos legales esenciales.

Entre las acusaciones más destacadas, la Fiscalía señala que la selección del contratista se realizó antes de la elaboración de los estudios previos necesarios. Este proceso previo debía diseñarse y ejecutarse conformemente, pero se hicieron a medida de las propuestas presentadas por la empresa contratada.

Además, detalló que los contratos en cuestión carecían de una descripción clara de las características específicas de, “las características específicas del bien a adquirir, análisis imperioso que se requería para definir las particularidades en torno al contenido, metodología y edición, de los textos escolares, con lo cual se incumplió la obligación de fijar previamente los criterios de selección del contratista”.

Cabe recordar que, Barraza ya había sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación en 2013, por supuestas fallas en la supervisión de un contrato de obra clave para la canalización del arroyo Colomutuo, en Sincelejo, lo que causó retrasos significativos en las obras cruciales para el saneamiento básico de la región.

Además de Barraza, también fueron sancionados en su momento Juan Camilo Gómez Orozco y Guillermo Otero Candeira, que actuaron como representantes legales del consorcio Hidrocolomutuo durante el periodo en que ocurrieron los hechos.

El Ministerio Público señaló que la administración bajo el mandato de Barraza permitió que el proyecto se prolongara indefinidamente y aceptó modificaciones no autorizadas en los diseños y planos originales. Estas irregularidades comprometieron la correcta ejecución del contrato, financiado con recursos de regalías.