Las supuestas interceptaciones ilegales por parte de las dependencias de inteligencia de la Presidencia de la República a magistrados de las altas cortes y, más recientemente, a miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía ya emprendió acciones para determinar si dichas “chuzadas” se dieron realmente.
De hecho, en la mañana de este jueves 27 de junio se conoció que, dos días después de hacerse pública la carta enviada por el director de asuntos jurídicos de la JEP a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el ente investigador llegará hasta las instalaciones de esa justicia para entrevistar a Jairo Arias Sandoval, creador de la petición, para conocer las pruebas que tienen en su poder e iniciar un proceso.
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El objetivo de las entrevistas que realizará la Fiscalía es aclarar el alcance de la solicitud planteada por Arias Sandoval y decidir si estas indagaciones deben ser gestionadas por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que ya investiga los supuestos seguimientos en la Corte Constitucional. Este procedimiento también evaluará si hay pruebas suficientes para integrar ambos casos en el mismo marco investigativo.
Para tal efecto, el ente investigador desplegó un equipo de Policía Judicial, que se reunirá en privado con el director de Asuntos Jurídicos y determinará si hay lugar a las investigaciones, además de definir si se vincula al escándalo por presuntas interceptaciones ilegales a magistrados de las altas cortes en Colombia.
Por su parte, Arias Sandoval expresó su preocupación al respecto y pidió que se investigara a fondo para determinar la veracidad de los hechos, que se suman a las denuncias de Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, que ha sido central en este proceso al denunciar ante las autoridades sus sospechas de estar siendo interceptado ilegalmente.
Ibáñez reportó que las irregularidades en las comunicaciones afectaron los equipos de tres de sus cuatro colaboradores y afirmó: “No soy víctima, simplemente me he limitado a poner una serie de hechos irregulares a las autoridades competentes”.
Esta fue la denuncia de la JEP ante la Fiscalía
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar posibles interceptaciones ilegales a sus magistrados. Esta petición se dió un día después de la denuncia de los presidentes de las altas cortes sobre presuntas actividades ilegales por parte de funcionarios de la Presidencia de la República.
En la misiva enviada por Jairo Ernesto Arias, director de Asuntos Jurídicos de la JEP, a la Fiscal General Luz Adriana Camargo, se exponen preocupaciones sobre intentos de interceptación de correos electrónicos.
“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía”, expresó Arias en la carta divulgada por esa justicia especial. El funcionario indicó, además, que estas acciones representarían una grave contradicción de los principios democráticos que sostienen el Estado Social y Democrático de Derecho en Colombia, y pondrían en riesgo la seguridad de los magistrados.
Esta solicitud de la JEP se une a la denuncia interna de la magistrada Ana Caterina Heyck, quien detalló en un documento de 23 páginas que entre el 14 y el 28 de febrero de este año su despacho sufrió recurrentes fallos en los correos electrónicos. Heyck indicó que no podía recibir correos enviados por su asistente y un magistrado auxiliar experimentó “imposibilidad de ingreso” a su cuenta en múltiples ocasiones.
Ante estos fallos, Heyck expresó temor referente a una posible interceptación de sus comunicaciones. En una carta enviada al secretario ejecutivo de la JEP, solicitó una evaluación técnica de la situación. “Temiendo una posible interceptación, elevamos la presente queja y solicitamos amablemente que se adelante la correspondiente evaluación técnica”, señaló Heyck.
El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez, junto con el jefe de seguridad de la Jurisdicción, mayor Hernán Pérez, y el subintendente de la Policía, Yeison Calvo, analizaron la queja y enviaron una respuesta de ocho páginas a Heyck. Según un análisis forense, los correos fueron puestos en “cuarentena” por el sistema de Microsoft Defender debido a un “cebo de alta confianza”.
Arias remarcó la urgencia de investigar estas denuncias, ya que no es la primera vez que se intenta agredir a magistrados de esta justicia con amenazas de muerte. “Durante el año 2023, los magistrados y magistradas de la JEP recibieron amenazas contra su vida por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas. La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron”, solicitó Arias.
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