Un tribunal de Estados Unidos declaró responsable a la multinacional Chiquita Brands por financiar a paramilitares en Colombia y ordenó indemnizaciones para las víctimas.
Luego de esta decisión el presidente Gustavo Petro aprovechó la coyuntura para cuestionar la eficiencia del sistema judicial colombiano.
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El jefe de Estado, a través de su cuenta en la red social X, expresó su preocupación sobre por qué la justicia local no logró llegar a una “verdad judicial” similar.
“¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”, se interrogó el mandatario.
El fallo se produjo en un juzgado de West Palm Beach después de 17 años de proceso judicial y la recopilación de nueve de las miles de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Allí se presentaron acciones legales debido a los pagos que Chiquita Brands realizó a grupos paramilitares responsables de diversos crímenes en Urabá y Córdoba.
Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, en entrevista con Colprensa, destacó la necesidad de que otras empresas que apoyaron el paramilitarismo en el país también sean juzgadas. “Que condenen a las empresas en Colombia que también dieron dinero a los grupos paramilitares, eso está plenamente demostrado”, aseveró, refiriéndose a los cientos de asesinatos en la región de Urabá.
El presidente Petro también reiteró la necesidad de un único tribunal de cierre para atender casos de justicia relacionados con el conflicto armado. Mencionó que el acuerdo de paz de 2016 contempla un tribunal similar, subrayando la importancia de su implementación para evitar la impunidad.
Esta decisión judicial aplica el Código Civil colombiano debido a la nacionalidad estadounidense de Chiquita Brands, lo que implica que las víctimas deberán ser indemnizadas según el artículo 2341.
Qué sigue para el país luego de la histórica condena contra la multinacional Chiquita Brands
La justicia de Estados Unidos condenó a la empresa bananera Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en Colombia desde 1997 hasta 2004. La decisión se tomó este lunes 10 de junio en una corte de Florida, donde un jurado compuesto por diez personas falló en contra de la multinacional tras un proceso que duró 17 años.
El fallo marca un precedente al reconocer el apoyo financiero de esta multinacional bananera a grupos armados en las regiones del Urabá antioqueño y el Magdalena Medio.
Esta resolución judicial permite que más víctimas del paramilitarismo puedan acceder a mecanismos de reparación. A través de este juicio, que se llevó a cabo en West Palm Beach, se encontraron a la compañía culpable en ocho de los nueve casos presentados. Las familias de estas víctimas recibirán una indemnización económica, estimada en cerca de dos millones de dólares.
El jurado impuso una sanción de 38 millones de dólares a Chiquita Brands, monto destinado a reparar a las víctimas afectadas por la violencia paramilitar. Aunque solo 9 víctimas se presentaron formalmente en este proceso, se estima que más de 200 mil personas fueron impactadas por estas acciones. Esta condena permitirá que otras víctimas busquen reparaciones similares.
Un afectado por las acciones de Chiquita Brands, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, comentó a El Tiempo que las víctimas “recibirán un aporte económico como indemnización” y afirmó que se trata de familiares de personas que “murieron a manos de los paramilitares”.
La justicia estadounidense ha marcado un hito con este fallo, al responsabilizar a una multinacional por sus vínculos con grupos armados ilegales en Colombia. Este veredicto tiene potencial para abrir más puertas a víctimas del conflicto armado que buscan justicia y reparación.
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