
Uno de los factores que más preocupan a los ciudadanos en Bucaramanga (Santander), es la inseguridad que no da tregua en la ciudad.
En una entrevista el alcalde Jaime Andrés Beltrán, conocido como el Bukele colombiano, advirtió que en los últimos días recibió mensajes de la comunidad y su disposición de tomar las armas y hacer justicia por mano propia ante la preocupante situación.
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En diálogos con la revista Semana, el mandatario local contó que “la gente ya está hablando de armarse, porque no siente que haya capacidad por parte de los mandatarios para proteger a sus familias. La gente quiere defenderse. El ciudadano se siente que lo están dejando solo. La gente siente que los delincuentes se están burlando en la cara de ellos”, indicó.
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Es así que Beltrán considera que desde la llegada del presidente Gustavo Petro, la Fuerza Pública ha ido perdiendo la presencia en varios territorios, y de esta manera, los criminales estarían aprovechando por para actuar con mayor intensidad. Además, el alcalde que por esta razón, existe unna congestión en la Rama Judicial para procesarlos y el colapso en el sistema penitenciario para encarcelarlos.

“Es muy fácil decirles a los mandatarios: ‘Ustedes me responden por la seguridad, pero no les envío policías, no pueden utilizar el Ejército, no pueden hacer requisas, no pueden prohibir el consumo de drogas’. Es decir, nos dicen que gobiernen, pero con las manos amarradas”, sostuvo el mandatario de Bucaramanga.
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El Bukele colombiano contó al medio mencionado que aunque ha expuesto este escenario ante los diferentes ministros y ha iniciado una campaña nacional para contener las alteraciones del orden público en la capital santandereana, los acercamientos con el jefe de Estado han sido limitados: “Con el presidente ha sido muy difícil. Cuando se gobierna desde la ideología, se toman decisiones desde el romanticismo y no desde la realidad del territorio, esa ha sido mi pelea: vayan al territorio, que se tomen las decisiones desde allí. Si el Gobierno esconde el problema, vamos a tener una guerra civil”, indicó.
La preocupción del alcalde de Bucaramanga sería por la confrontación entre ciudadanos que podríia ocurrir en cualquier momento, por lo que sugiere reenfocar las políticas de seguridad nacional, enfocando la prevención del delito, las capturas y una judicialización efectiva.
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Dentro de los pilares de su gestión, el dirigente estableció la lucha contra los criminales, en un contexto de creciente inseguridad en la capital santandereana desde hace meses.

A pesar de las múltiples amenazas lanzadas por el dirigente contra los delincuentes, la situación no ha mejorado en Bucaramanga.
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Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en el primer trimestre del año se registraron 30 homicidios en la ciudad, un incremento de un caso en comparación con las estadísticas del año anterior, cuando el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 29 casos.
El presente año muestra cifras superiores a las del mismo periodo de 2022, con 26 crímenes, y de 2021, con 24 homicidios.
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Las estadísticas indican que en Bucaramanga se reporta un homicidio cada tres días aproximadamente, reflejando un panorama preocupante en materia de seguridad.
En cuánto a los delincuentes extranjeros, Jaime Andrés Beltrán en una entrevista con La FM, respondió a las declaraciones del gobernador de La Guajira, quien lo calificó de “nazi” por su gestión ante extranjeros delincuentes. El alcalde de Bucaramanga subrayó la urgencia de implementar una política más rigurosa y eficaz para la expulsión de extranjeros que violan la ley.
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“El problema no es con el gobernador de La Guajira ni él conmigo. La cuestión es con los migrantes que vienen a cometer delitos y se establecen en nuestro territorio”, afirmó Beltrán. Además, señaló que la responsabilidad de expulsar a los migrantes recae en Migración Colombia y no en los alcaldes locales.
Beltrán expuso la situación actual en Bucaramanga, Santander, donde hay más de 100 venezolanos identificados por múltiples delitos. “Llevo tres meses solicitando a Migración Colombia y al Gobierno nacional la autorización para expulsarlos, ya que los alcaldes no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Migración Colombia gestiona las expulsiones, pero solo permiten un máximo de cinco personas por mes”, puntualizó.
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