Manifestantes en la Ruta del Sol piden garantías al Gobierno para los líderes sociales

Desde el martes 4 de junio, múltiples regiones del país han sido escenario de la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios. En el sur del Cesar, entre los municipios de Floresta y Pailitas, más de 3.000 habitantes de áreas como el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y la zona sur de los departamentos de Bolívar y Cesar se han reunido para demandar garantías de seguridad y enfrentar la crisis de violencia que afecta a sus comunidades.

Los participantes, quienes reiteran su apoyo al presidente Gustavo Petro, también le exigen respuestas claras y medidas efectivas. “Necesitamos soluciones urgentes”, “Nos están matando”, “Apoyamos al Gobierno Petro, pero también le exigimos que nos dé garantías”. “Desmonte del paramilitarismo ya”, claman varias voces líderes de la protesta.

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Los manifestantes han tomado medidas de presión como el bloqueo pacífico e intermitente de la Ruta del Sol, una vía crucial que conecta al interior del país con la costa Caribe. Estas acciones han tenido eco en otras regiones, incluido Bogotá y Cauca, donde también se han realizado concentraciones.

La urgencia de sus peticiones se intensificó tras el asesinato, hace más de un mes, de Narciso Beleño, un líder social del sur de Bolívar. Beleño era un defensor de la paz y denunciaba la presencia del Clan del Golfo en su territorio. Pese a la reacción inicial del Gobierno con representantes que condenaron el hecho, la situación en la región no cambió y los riesgos persisten.

La historia de esta ola de violencia tiene raíces profundas. En enero de 2023, estas mismas comunidades realizaron un bloqueo en la vía a Barrancabermeja, en el sector de La Lizama, para denunciar condiciones similares. Aunque lograron una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior y se establecieron compromisos, los habitantes aseguran que no hubo seguimiento ni cambios perceptibles. Un vocero del Magdalena Medio lamentó que “el Gobierno ha incumplido, por eso nos vemos obligados a tomar las vías de hecho”.

De momento, los manifestantes insisten en que mantendrán el bloqueo hasta lograr una mesa de alto nivel con el Gobierno para asegurar compromisos efectivos que permitan detener la violencia en sus territorios.

En un comunicado del Congreso de los Pueblos, organización que agrupa varias de las iniciativas sociales movilizadoras, se presenta un pliego de peticiones que incluyen la creación de una mesa permanente de interlocución y negociación nacional, la modificación de la doctrina de seguridad nacional, el desmantelamiento del paramilitarismo, mecanismos urgentes de protección y autoprotección, un plan inicial de reparación integral y el cumplimiento de acuerdos alcanzados en La Lizama, así como en otras regiones como Chocó, Arauca y Cauca.

Panorama de los líderes sociales en Colombia

La situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo preocupante, según el más reciente informe de la Oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El 23 de mayo, la entidad publicó un balance actualizado sobre los asesinatos de líderes sociales en el país durante los primeros meses del año.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2024, la oficina recibió “64 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos”. De estas 64 denuncias, 10 casos ya fueron verificados, confirmando que los asesinatos estuvieron directamente relacionados con la labor de defensa de derechos humanos que ejercían las víctimas. Lo más preocupante es que hay 41 casos adicionales en proceso de verificación, lo que significa que el número de víctimas confirmadas podría aumentar.

Además, 13 casos fueron clasificados como “no concluyentes”, indicando que no se ha podido determinar con certeza la causa del asesinato o su relación con la actividad de derechos humanos.

Al detallar los casos verificados, se encontró que dos de las víctimas eran mujeres, una de ellas perteneciente a una comunidad indígena, reflejando la vulnerabilidad de estos grupos. Los otros ocho casos correspondían a hombres e incluyen a un afrodescendiente, tres indígenas y cuatro campesinos.