
Luego de casi 64 años desde que se propuso la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) para solucionar los problemas de movilidad que atraviesa la capital del país, su reciente aprobación en el Plan de Distrital de Desarrollo que se discute en el concejo reavivó los pleitos entre mandatarios y exmandatarios que ha impedido su construcción.
La vía principal, que sería una de las soluciones para alivianar las congestiones y falta de conectividad de la ciudad, volvió a la escena pública desde 2012, cuando el entonces alcalde Gustavo Petro señaló tajantemente que en su administración no se permitiría la construcción.
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‘Me tienen que tumbar antes de aprobar construcción de ALO. Nosotros no vamos a hacer esta vía. Primero túmbenos, usen la Fiscalía, la Contraloría, la Personería y túmbenos y después sí pueden hacer la ALO”, aseguró el entonces mandatario distrital.
Sin embargo, la aparición de Enrique Peñalosa en el radar para las elecciones de 2015 volvió a encender el debate, pues una de sus propuestas principales fue la construcción de la vía estratégica que logró avanzar 17 años atrás, cuando comandó Bogotá por primera vez y consiguió la licencia ambiental para el tramo norte.

“La ALO en la parte norte tiene la licencia ambiental firmada por quien era director de CAR, que después trabajó como gerente del Acueducto de Petro, el señor Diego Bravo”, indicó el entonces candidato hace 9 años. Sin embargo, el proyecto volvió a vivir un reversazo por cuenta de los permisos ambientales que le impidieron seguir adelante.
De hecho, el centro del debate siempre ha permanecido en el grave impacto ambiental que tendría la sustracción de una parte de la reserva Van Der Hammen para construir el corredor vial que atravesaría toda la capital por el occidente.
Pero la estocada final al proyecto llegó en 2020, cuando la electa alcaldesa Claudia López se negó rotundamente a construir la ALO Norte e incluso la excluyó de su plan de desarrollo. En cambio, la exmandataria propuso construir la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba, un megaproyecto que prometía la construcción de tres campus universitarios y al menos 10.000 viviendas, sin tocar humedales y reservas de la ciudad.

“Es de una infinita irresponsabilidad de la Alcaldesa y los concejales que la apoyen, eliminar la Autopista Longitudinal de Occidente ALO al norte. Es la vía que más tráfico moverá en Colombia en próximos 300 años. Es proyecto reservado hace 60 años, con predios reservados”, comentó Peñalosa en 2021.
Sin embargo, el tema había quedado apaciguado hasta finales de 2023, cuando de forma intempestiva la exalcaldesa agilizó los trámites para dejar adjudicada la megaobra de la Ciudadela Educativa, lo que despertó un nuevo choque entre López y el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
La relación entre los dos mandatarios se deterioró desde hace varios meses, ante las repetidas peticiones de Galán para que detuviera el proyecto, que sufrió un avance inédito en apenas tres meses y que también fue objeto de debate.
De hecho, el 20 de diciembre de 2023 la Procuraduría envió una carta a Juan Guillermo Jiménez, gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, Renobo, señalando preocupaciones sobre la licitación de la obra y destacando fallos en los pasos necesarios para la celebración de contratos.
Fue en ese momento que la obra se volvió en el florero de Llorente y desató un rifirrafe entre Galán, López y hasta el presidente de la República, Gustavo Petro, quien para ese momento apoyó la decisión de la mandataria de construir un gran complejo de universidades en el noroccidente de Bogotá.
Carlos Fernando Galán, quien aún no se había posesionado como alcalde, pidió a López que escuchara las recomendaciones de la Procuraduría y terminara el proceso de selección de constructores.

“Respetuosamente les solicito a la alcaldesa Claudia López y a la la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá que atiendan las recomendaciones de la Procuraduría y den por terminado el proceso de selección para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en los terrenos de la ALO. Según la Procuraduría las irregularidades en la etapa precontractual violarían los principios de legalidad y de buena fe, y no frenar el proceso podría derivar en la nulidad del contrato y en futuros problemas para Bogotá”, señaló el mandatario.
Fue en ese momento que el presidente Gustavo Petro intervino señalando que la ciudadela era un proyecto acordado entre la ciudad y el país, además de insinuar que el propósito del nuevo mandatario era darle prioridad a los vehículos antes que a la formación de jóvenes.
“Este es un acuerdo de la presidencia y la alcaldesa de Bogotá. El gobierno nacional lo financiará. Construir el gran multicampus universitario en Suba. Ahora lo quieren prohibir ¿Cambiar las universidades por los carros?”, cuestionó el primer mandatario.

A pesar de las recomendaciones, la alcaldía de Claudia López, a través de RenoBo, adjudicó el proyecto el 23 de diciembre a la Constructora Las Galias, quien tendría la tarea de estructurar y desarrollar la obra que incluía diversas infraestructuras de servicios y un megacampus de las tres principales universidades de Bogotá.
Pero una de las primeras jugadas de Galán al asumir su cargo fue suspender la ciudadela. De hecho, el 19 de enero se anunció la suspensión de la obra por seis meses, tras un acuerdo con la constructora. “RenoBo agradece a la Constructora Las Galias S.A.S. su voluntad permanente para lograr el mejor acuerdo posible para la ciudad”, indicó la Alcaldía de Bogotá en un comunicado a comienzos de año.
Ahora, la reactivación del proyecto ALO Norte, aprobada en la plenaria del Plan de Desarrollo de la ciudad para los próximos cuatro años, marca un nuevo capítulo en la disputa. Los sectores que apoyan a Galán consideran que la obra es crucial para la movilidad de Bogotá, mientras que los opositores, en su mayoría cercanos a la exalcaldesa, sostienen que se pierde un valioso espacio para el desarrollo comunitario.
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