El sector de infraestructura en Colombia atraviesa un momento crucial y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una advertencia mediante una carta dirigida al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La entidad exigió que el Gobierno tome medidas urgentes sobre puntos estratégicos, como los corredores viales en el Chocó (Quibdó-Medellín), Pasto–Popayán, Bogotá–Villavicencio y las rutas de Santander.
La CCI presentó diversas propuestas técnicas y financieras que considera esenciales para destrabar estos cuatro corredores, vitales para impulsar el sector del transporte en Colombia.
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En el tramo Quibdó-Medellín por ejemplo, plantean que se pavimenten 11 kilómetros y atención de puntos críticos con obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas. Además, Habilitar el tramo Amagá–Titiribí (13 kilómetros) en Pacífico 1 y dar viabilidad a la construcción de los túneles de Titiribí, que habilita 9 kilómetros en doble calzada.
Entre las propuestas, la CCI también sugirió definir con precisión los cronogramas de licitación y adjudicación de proyectos clave de iniciativa pública. Entre estos se encuentran el tramo El Estanquillo-Popayán, con una inversión calculada en $7.8 billones, Villeta−Guaduas, estimado en $7.1 billones, además del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, con un costo de $2,6 billones.
“La inversión en infraestructura se erige como una condición necesaria para garantizar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico. El rol del sector, como motor dinamizador de la economía, es entonces fundamental, dada su condición contracíclica”, destacó el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo.
La CCI también hizo hincapié en la urgencia de acelerar los trámites ambientales de los proyectos de infraestructura 5G en fase de pre-construcción, como Accesos Norte 2, Buga-Buenaventura y Canal del Dique, cuya inversión colectiva supera los $10 billones.
A su vez, el sector de infraestructura indicó la necesidad de avanzar con metas temporales precisas entre el Ministerio de Hacienda y la CCI, con el fin de asegurar los recursos necesarios para una completa ejecución de las concesiones viales actualmente en construcción. Este enfoque no solo pretende reactivar la economía, también garantizar que las tarifas de los peajes de las vías concesionadas se reajusten de acuerdo con el IPC 2023.
La viabilidad de las obras estratégicas de la concesión IP “Autopistas del Caribe o corredor de carga Cartagena-Barranquilla” también es motivo de preocupación. Este proyecto, que implica inversiones de $6.7 billones entre Capexy y Opex, requiere de un cronograma claro para la implementación del cobro de valorización y la destinación especifica de los recaudos, estimados por el Ministerio de Transporte en cerca de $14 billones.
Por último, la CCI propone “potenciar la dinámica del instrumento de financiación de ‘obras por impuestos’, el cual dispone de recursos asignados para el 2024, por un valor de $1 billón”. Este mecanismo de financiación podría ser clave para impulsar proyectos regionales y generar empleo, contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país.
Entre las diversas recomendaciones para revitalizar la economía, la CCI propuso:
- Dar celeridad a la aprobación de múltiples proyectos de iniciativa privada en los sectores vial y aeroportuario que no requieren financiamiento público, evitando así presiones fiscales. La ejecución de estos proyectos podría generar un efecto contracíclico de más de 40 billones de pesos.
- Definir de manera precisa los tiempos y montos de inversión planeados para los proyectos denominados ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’.
- Acelerar la ejecución de más de 50 proyectos de obra pública, incluidos en los programas ‘Legalidad’ y ‘Reactivación 2.0′, mediante operaciones de crédito. Estos proyectos, con una inversión superior a los 13 billones de pesos, se encuentran distribuidos en 28 departamentos y tienen vigencias futuras hasta el 2030.
- Cumplir con los compromisos de financiamiento a futuro, especialmente aquellos relacionados con los sistemas de transporte masivo de las ciudades principales, incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2025.
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