Procuraduría abrió investigación por irregularidades en el proyecto de ollas comunitarias en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación informó que inició una investigación preliminar por supuestas irregularidades en un contrato para la implementación del programa “ollas comunitarias” en Albania, La Guajira.

La entidad comentó que según reportes de medios de comunicación, los fondos destinados a este programa de asistencia alimentaria en el municipio fueron desviados para financiar campañas electorales, incluyendo la de la actual alcaldesa del municipio.

El Ministerio Público, de igual manera, explicó en su comunicado que los medios de comunicación informaron que, adicionalmente, las manipuladoras de alimentos y los proveedores subcontratados para la ejecución del programa no habrían recibido sus pagos desde septiembre de 2023.

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Esta indagación se añade a otra ya abierta por la Procuraduría, por posibles irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la ejecución de un proyecto similar en Córdoba.

En relación con el caso antes mencionado, el Ministerio Público solicitó, entre otras evidencias, la documentación completa del contrato del programa de “ollas comunitarias” en Albania, así como información que permita determinar si la función de autorización del gasto fue delegada a alguna autoridad distinta del director general de la UNGRD.

Con esta investigación preliminar, el ente de control tiene como objetivo identificar o individualizar al posible autor o autores de la presunta falta disciplinaria, realizando un análisis exhaustivo para esclarecer los hechos y responsabilidades involucradas.

Y es que, en su momento Caracol Radio reveló que, además del caso de los camiones, también se habría presentado corrupción en el proyecto de ollas comunitarias, errores en la implementación de soluciones para el suministro de agua y el mantenimiento de plantas potabilizadoras. Asimismo, se denunció el pago de coimas y la adjudicación de puestos en el ICBF y Prosperidad Social a congresistas.

Según la información revelada por Caracol Radio, un contrato destinado a ollas comunitarias en Albania, La Guajira, valorado en 20.400 millones de pesos, es objeto de una investigación por un presunto desvío de fondos hacia campañas electorales. Las campañas implicadas incluyen las de la alcaldesa Nera Robles, del partido Mais, así como las de la congresista Martha Peralta, del Pacto Histórico, y la del representante conservador Juan Loreto Gómez.

Jorge Martelo, quien se ha desempeñado como representante a la Cámara, empresario y ganadero con conexiones en la región de Albania y con la alcaldesa Nera Robles, fue el contratista a cargo del mencionado proyecto. Según Olmedo López, la selección de los contratistas para las ollas comunitarias fue realizada por Luis Gómez, quien fue designado como gerente del proyecto por el gobierno de Gustavo Petro.

Por otro lado, en otra de las acciones recientes de la entidad, la Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo y enfático llamado a los Ministerios de Transporte y Defensa Nacional, así como a la Superintendencia de Transporte, la Armada Nacional y la Dirección General Marítima, con el objetivo de revisar exhaustivamente la regulación del transporte de migrantes hacia la frontera con Panamá a través del Tapón del Darién. Esta solicitud busca “poner en cintura, de una vez por todas”, a las empresas que realizan estos recorridos tanto terrestres como marítimos, con el fin de garantizar que operen bajo un marco legal estricto y seguro.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, recordó que desde enero de 2023 el Ministerio Público ha venido denunciando que diversas empresas privadas no solo estarían transportando a migrantes sin realizar las verificaciones necesarias, sino que algunas de estas empresas también estarían ofreciendo “paquetes turísticos” diseñados para facilitar la migración irregular a través de nuestro país, con destino final a los Estados Unidos.

Sobre este caso el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento comentó lo siguiente: “La decisión anunciada por el gobierno estadounidense de implementar sanciones de carácter personal a los ejecutivos de varias de estas empresas son disuasivas, deberían servir para que las entidades encargadas de la regulación de esta clase de transporte incrementen los controles y eviten que las empresas se conviertan en facilitadores del tráfico de migrantes”.