Así defendió el ministro de Hacienda al director de la Uiaf ante investigación

Ante la acusación a Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), por presunto tráfico de influencias en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Olmedo López, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer el debido proceso.

Sobre la continuidad de Llinás en el cargo, en rueda de prensa, el ministro dijo: “Uno no espera que esto suceda y no sé qué tipos de conflictos de interés están en juego. Es mejor que se identifiquen por los organismos de control. Yo no soy juez para dar mi veredicto, es mejor que lo hagan los respectivos organismos”.

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La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades en la firma de contratos para la prestación de servicios profesionales suscritos con Regina Isabel López Burgos.

Sobre esa contratación, Olmedo López señaló en una entrevista con Blu Radio que la vinculación de Regina Isabel López Burgos se hizo gracias a la recomendación del actual director de la Uiaf, ya que necesitaban conformar un equipo que trabajara en La Mojana. Al parecer, necesitaban a una persona con experiencia y conocimiento sobre la situación de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar para atender esa situación. Por eso, sostuvo Olmedo López, Llinás le sugirió el nombre de la prima de Nicolás Petro.

También genera duda la contratación de José Ignacio Llinás Chica, hermano del director de la entidad encargada de proveer a las autoridades nacionales competentes informes de inteligencia, quien se convirtió, de un momento a otro, en el cuarto contratista con mayor sueldo de la entidad, reveló la Procuraduría.

Otra de las decisiones polémicas de López fue la contratación de la prima de Nicolás Petro, que tuvo efecto por “una recomendación” de un conocido del hijo del presidente. Ante este panorama, la Procuraduría adelanta una investigación para concluir si hubo irregularidades dentro del proceso de selección de funcionarios y determinar si estos son una falta disciplinaria o si están justificadas por alguna causal de exoneración de responsabilidad.

Escándalo en la Ungrd

Sneyder Pinilla, ex subdirector de riesgo de la Ungrd y considerado el brazo derecho del exdirector de la unidad Olmedo López, denunció la existencia de un supuesto flujo de $4.000 millones hacia el Congreso de la República. Esta suma, según afirmó Pinilla, se habría utilizado para facilitar la aprobación de reformas sociales del Gobierno Petro.

En sus declaraciones, Pinilla, exfuncionario de la entidad, implicó en el caso a congresistas como el presidente del Senado, Iván Name; al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle; al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a personas cercanas al presidente Gustavo Petro, sugiriendo su participación en el controvertido negocio.

Pinilla, también reveló la asignación de recursos a Corantioquia y Corpourabá, corporaciones autónomas regionales de Antioquia. De acuerdo con El Colombiano, Pinilla otorgó $96.500 millones a Corantioquia y $43.500 millones a Corpourabá, para un total de $140.000 millones, un monto que representa la mayor parte de los $165.000 millones destinados para este año a las 33 corporaciones autónomas regionales del país.

Frente a estas declaraciones, la Fiscalía General de la Nación anunció que congeló los fondos a Corantioquia y Corpourabá; y también manifestó que avanza en la investigación respectiva para comprobar si el dinero fue asignado bajo las condiciones correctas.