Derechos humanos en Colombia: aún con un largo camino por recorrer

En diciembre de 2024, Colombia y Suecia cumplirán 150 años de relaciones diplomáticas en los que ha sido clave la búsqueda de la paz en el territorio nacional, enfrascado en un conflicto armado que, para 2019, ya había dejado más de ocho millones de víctimas.

En 2016, el expresidente Juan Manuel Santos adelantó un proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP). Esto llevó a la desmovilización de 13.609 excombatientes, lo que representa al 94.9% de los guerrilleros, según la Comisión de la Verdad. Desde entonces, Suecia ha apoyado la implementación de lo pactado en múltiples aspectos, como el financiero, aportando a todos los fondos multidonantes disponibles para ello.

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Han pasado más de siete años desde la firma del acuerdo y, ahora, con la conmemoración de 150 años de relaciones diplomáticas, Suecia presenta su perspectiva como país aliado de lo que se ha logrado en materia de paz en Colombia y los retos que tiene. La embajadora Helena Storm explicó a Infobae Colombia que el papel de su país se ha basado en tres aspectos: víctimas, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y género.

Acuerdo de Paz en Colombia: ¿ha servido?

“Falta avances en algunos temas, pero al mismo tiempo siete años no es mucho (sic). El tema de víctimas, muy central en el punto cinco del acuerdo, y el tema de justicia transicional... yo creo que eso es un avance significativo”, precisó la embajadora a este medio.

De acuerdo con Storm, el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también ha sido clave y ya se esperan sus primeros juzgamientos. De igual manera, se han evidenciado otros puntos positivos, como la creación y el trabajo de la Comisión de la Verdad, que recolectó miles de testimonios de diferentes actores del conflicto para mostrar la cruda realidad de la guerra en Colombia.

Según el su informe final, 450.664 personas fueron asesinadas entre 1985 y 2018, aunque por la falta de información, se estima que podrían ser casi el doble de víctimas. 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente entre 1985 y 2016; 50.770 personas fueron secuestradas; y se registraron 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre 1990 y 2017.

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), más de 100.000 personas en todo el país fueron desaparecidas y más de 8.000 fosas comunes, cementerios ilegales y sepulturas en el territorio nacional. En agosto de 2023, la Ubpd informó que ya había recuperado 929 cuerpos, de los cuales 196 fueron entregados a sus familias, que los buscaron por años. Además, lograron encontrar a 16 personas con vida.

Según Storm, las mujeres han sido cruciales para encontrar a personas desaparecidas, por eso, en el Congreso de la República fue aprobado el proyecto de ley que busca reconocer su lucha y proteger a las mujeres buscadoras del país.

En ese sentido, en el poco tiempo que representan siete años de trabajo, todavía faltan miles de hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos, nietos y demás familiares por encontrar y, lamentablemente, no será posible hallarlos a todos. “La realidad es que muchos cuerpos no podrán ser encontrados, y no es solo por nuestra limitada capacidad humana; por más que contraten personal, siempre vamos a ser insuficientes ante la catástrofe humana que ha sucedido”, aseguró la antropóloga forense de la Ubpd, Karen Quintero, a El Tiempo.

¿Excombatientes comprometidos?

Luego de la firma del acuerdo, se esperaba una reducción importante de la violencia en Colombia y, aunque en efecto se evidenció una disminución de muertes asociadas al conflicto, desde 2018 se ha registrado un incremento, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto. Entre las personas que están siendo víctimas del delito de homicidio están los firmantes de paz; en lo corrido de 2024 han asesinado a 10 de ellos y en 2023 fueron asesinados 44, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

A pesar de la inseguridad que enfrentan, muchos de los que se acogieron a lo pactado en 2016 permanecen firmes en la idea de implementar la paz. “Todavía tenemos muy comprometidos en el proceso a los excombatientes, aunque hay muchas amenazas y asesinatos de ellos, (sic) es, a nivel mundial, un nivel muy alto de desmovilizados que se quedan en el proceso. Eso es muy positivo”, aseguró la funcionaria a Infobae Colombia.

Pero, a pesar de que se han evidenciado avances en la paz del país, el mismo Gobierno nacional ha reconocido la falta de implementación del acuerdo. En noviembre de 2023, la vicepresidenta Francia Márquez aceptó que el progreso no ha sido el esperado. “Yo aquí no vine a decir mentiras. Yo aquí no vine a engañar a mi propia comunidad, a mi propio pueblo. Yo vine a decir que no hay mayores avances, incluso, de nuestro propio Gobierno”, señaló entonces la vicepresidenta.

Negociaciones con el ELN en crisis: ¿hay que detenerlas?

Por su parte, la embajadora de Suecia para los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho, Irina Schoulgin-Nyoni, que visitó Colombia en medio de su trayecto hacia Chile, para hacer parte de una conferencia de la Unesco sobre libertad de prensa, explicó a Infobae Colombia que en el actual Gobierno se evidencia una “apertura para discutir verdaderamente los problemas” que se tienen en términos de derechos humanos.

El primer paso es admitir que existen. Colombia ya lo hizo, y ahora, está adelantando diálogos para enfrentarlos, valiéndose también de ayudas internacionales. Sin embargo, Schoulgin-Nyoni aseguró que los cambios no se generan de la noche a la mañana, por lo que es necesario tener paciencia.

En ese sentido, la embajadora Storm destacó las conversaciones de paz que actualmente se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a pesar de que desde varios sectores este proceso ha sido ampliamente cuestionado, sobre todo por el actuar de la guerrilla, que recientemente anunció que retomaría los secuestros con fines económicos, ante una supuesta “falta de voluntad” del Gobierno Petro.

Se ha hablado entonces de un debilitamiento de la fuerza pública y de una falta de toma decisiones contundentes con respecto al ELN. No obstante, la embajadora de Suecia en Colombia insiste en que el camino no es, en definitiva, abandonar las negociaciones, como algunos políticos han solicitado.

“Vemos muy positivo el esfuerzo del Gobierno de resolver esos conflictos y la política de Paz Total es una manera con la que este Gobierno ha intentado plantear una solución al conflicto armado en Colombia y eso apoyamos desde Suecia”, aseguró.

Reconoció que existe una crisis actualmente en la mesa de negociaciones, pero indicó que no por eso se debe retroceder. La comunidad internacional que apoya en este momento el proceso espera avances: “Estamos listos apoyar de manera técnica, política y financiera a esta mesa”, señaló Storm.

Así las cosas, de acuerdo con Schoulgin-Nyoni, para empezar, hay que resolver el problema de las economías ilegales, que le dan vida y sostenimiento a los grupos armados y que se presentan como una de las causas principales de la violencia en el país.

Mujeres, población LGBT y periodistas: en peligro

Tanto en Colombia como en el mundo hay varios frentes en los que se evidencia una violación de derechos humanos que no cesa. Indicó que los derechos de las mujeres y los de la población LGBT siguen siendo vulnerados, lo que quiere decir que son una población en riesgo.

Las cifras evidencias esta realidad. De acuerdo con un informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTi en América Latina y el Caribe, Colombia fue el país más letal para la población diversa en 2022, con 148 personas asesinadas, víctimas de la “violencia por prejuicio”. Además, para febrero de 2024 ya se habían registrado 20 casos de feminicidio, es decir, de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o por su identidad de género, según informó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

La libertad de expresión también está en riesgo y afecta en gran medida a las personas que ejercen el periodismo. De hecho, en 2023 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló que Colombia está ubicada en la categoría de “restricción de la libertad de prensa”. De acuerdo con el informe de la organización, la libertad de expresión en el país se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.

Esta ola de violación de derechos puede terminar por derrumbar la democracia, clave para el desarrollo de los países. Sin embargo, la embajadora ve a Colombia como un país que se sostiene en la idea de luchar por la protección de los derechos, aunque el proceso tome mucho tiempo. “¿Cómo manejas esas expectativas cuando sabes que desarrollar y realizar los cambios que necesitas lleva mucho tiempo? No es algo que hagas tomando un café”, precisó.

Israel vs. Hamas: “¿cuál debería ser la posición de Colombia?”

Además de la guerra en Colombia, el presidente Gustavo Petro se ha referido en varias ocasiones al conflicto en Medio Oriente. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista palestino Hamas atacó a la población civil de Israel, las tropas del país asiático, en represalia y bajo las órdenes del primer ministro Benjamín Netanyahu, han desplegado operativos en la Franja de Gaza que han acabado con la vida de más de 34.000 palestinos.

Petro ha calificado esta violencia como un “genocidio”, aunque desde varios sectores políticos del país han criticado su postura. Sin embargo, desde la perspectiva de Schoulgin-Nyoni, en Gaza hay una evidente violación al derecho internacional humanitario, se trata de una “horrible tragedia”, que debe ser resuelta a través de mecanismos legales. En ese sentido, Suecia ha incrementado sus aportes humanitarios para la población palestina.