Niña indígena fue abusada sexualmente y obligada a tener un bebé para “no romper la espiritualidad del territorio”

En un caso que ha llamado la atención nacional en Colombia, Iris, una menor de 12 años perteneciente a la comunidad indígena Embera Chamí, se vio obligada a continuar con su embarazo, posiblemente producto de una violación, tras las decisiones tomadas por la autoridad de su resguardo, desatando una amplia controversia.

El caso ha escalado hasta la Corte Constitucional de Colombia, la cual atenderá el asunto dados los desafíos que presenta para la autonomía de las mujeres y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

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La negativa por parte del resguardo indígena de autorizar un aborto terapéutico demandado por Ana, madre de Iris, fue respaldada por el argumento de que interrumpir el embarazo provocaría una desarmonía espiritual en el territorio, según lo informó Semana.

Esta decisión fue tomada a pesar de las graves implicaciones psicológicas y físicas para Iris, incluida su intento de suicidio. La EPS Asociación Indígena del Cauca y el Resguardo Indígena Escopetera y Pirza se vieron implicados en el caso después de que un hospital local avalara la interrupción del embarazo, pero solicitaran la aprobación del resguardo conforme a procedimientos administrativos, según lo informó Semana.

Aun así, la comunidad indígena insistió en evitar que Iris se pudiera practicar un aborto legal, puesto que “no damos concepto de viabilidad para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), dado que desde el campo espiritual se generaría una desarmonía en el territorio... en cuanto a la conducta penal que se manifiesta dentro del informe remitido, como una presunta violencia sexual, hemos manifestado al Honorable Consejo Superior de la Judicatura, que en nuestra etnia embera chamí, desde los 12 años en adelante niños y niñas pueden conformar una familia”, según declaraciones citadas por Semana.

Este controvertido caso surge en un contexto nacional en el que el aborto hasta la semana 24 de gestación ha sido despenalizado, aunque su aplicación sigue siendo objeto de interpretaciones y debates, especialmente en lo que respecta a las comunidades indígenas. La Corte Constitucional ha subrayado la necesidad de armonizar los derechos sexuales y reproductivos con las prácticas culturales, invitando a las autoridades indígenas a dialogar sobre estas cuestiones críticas.

Por su parte, el movimiento Causa Justa ha intervenido, argumentando la importancia de asegurar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sin barreras discriminatorias, subrayando las dificultades particulares que enfrentan las mujeres y niñas indígenas. La Corte Constitucional se prepara para tomar una decisión que podría redefinir el alcance de la autonomía indígena en asuntos de derechos reproductivos en el país, lo que ha generado expectativa a nivel nacional e internacional.

Colombia marca 2 años de despenalización del aborto

El 21 de febrero, Colombia conmemora el segundo aniversario de la histórica decisión de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

La resolución del 21 de febrero de 2022, resultado de un estrecho margen de votación de cinco contra cuatro por parte de los magistrados, representó un cambio radical en la legislación colombiana sobre el aborto.

Anteriormente penalizado en todas sus formas, con sanciones que alcanzaban hasta cuatro años y medio de cárcel, el aborto solo estaba permitido bajo tres circunstancias específicas: violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre. La iniciativa de Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones, fue crucial para la remoción de estas restricciones, proponiendo que las mujeres tuviesen el derecho de tomar decisiones sobre su cuerpo sin temor a enfrentar consecuencias legales.

Datos proporcionados por la Fundación Oriéntame revelan que, desde la implementación de la sentencia hasta septiembre de 2023, un 6% de las mujeres colombianas y un 14% de mujeres extranjeras, mayormente venezolanas, accedieron a servicios de interrupción voluntaria del embarazo después de las 12 semanas.

Estos números no solo ilustran el impacto de la sentencia en la accesibilidad y seguridad del aborto en Colombia, sino que también subrayan las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres migrantes debido a requisitos relacionados con su estatus migratorio.