El Gobierno nacional enfrenta una problemática creciente con la vinculación de ciudadanos nacionales en el conflicto armado surgido por la invasión de Rusia en Ucrania, un fenómeno que impulsó una respuesta legislativa orientada a prohibir el mercenarismo y establecer penas específicas para quienes participen en conflictos ajenos bajo contrato.
La aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley presentado en agosto de 2024 por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, actualmente liderado por Pedro Sánchez, marcó un viraje en la política exterior y de seguridad, luego de constatarse que un número relevante de colombianos ha muerto en esos escenarios lejanos.
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De acuerdo con la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), se estima que entre 2.000 y 3.000 colombianos ingresaron a las filas del ejército ucraniano bajo contratos formales.
En contraste, el exministro de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania, Tymofiy Mylovanov, citado por el presidente Gustavo Petro, cifró el contingente de nacionales involucrados en el conflicto en 7.000 combatientes.
En palabras de Petro, replicadas en su cuenta de X , “Hay 7.000 hombres de Colombia entrenados militarmente, luchando en una guerra ajena y muriendo sin causa en Ucrania. No queremos exportar muerte. El mercenario está prohibido por ley”.
Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio precisó que el Estado colombiano registró 577 asistencias consulares a colombianos asociados al conflicto, con 438 casos correspondidos a personas clasificadas como desaparecidas en combate, una estadística que revela el alto riesgo y las consecuencias humanas de este fenómeno. Estas cifras fueron gestionadas principalmente a través de la sección consular de Polonia, encargada de la atención a ciudadanos involucrados en el contexto ucraniano, como indicó Villavicencio en rueda de prensa.
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Embajada de Rusia en Colombia negó contratación de colombianos para la guerra con Ucrania
La Embajada rusa en Colombia respondió de manera enfática a las acusaciones sobre el presunto reclutamiento de colombianos para combatir en la guerra de Ucrania, desestimando los hallazgos del reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Según la representación diplomática en Bogotá, Rusia niega cualquier responsabilidad directa en la captación de ciudadanos extranjeros para integrar sus fuerzas armadas, aludiendo que tales prácticas serían ajenas a la política oficial del Estado.
En su declaración al El Espectador, la embajada rusa sostuvo que “no apoyamos la participación de extranjeros, incluidos los colombianos, en los conflictos en las ‘tierras ajenas’, no solo en Ucrania”.
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Además, defendió que la legislación nacional permite la incorporación voluntaria de extranjeros a las fuerzas armadas, pero insistió en que “el Estado ruso no realiza ningún tipo de reclutamiento de los ciudadanos de otros países, ni los atrae deliberadamente, como sostienen los autores del ‘informe’”.
Esto es lo que dicen los informes sobre el reclutamiento de mercenarios por parte de Rusia
El informe en cuestión, titulado ¿Combatientes, mercenarios o víctimas de trata de personas? La explotación de combatientes extranjeros por parte de Rusia en su guerra contra Ucrania, documenta un patrón desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.
De acuerdo con el análisis de la FIDH, los responsables rusos enfrentaron el dilema de sostener la ofensiva militar sin implementar una movilización generalizada, que ya generaba preocupaciones entre la población. Como consecuencia, optaron por un mecanismo de reclutamiento institucionalizado, combinando el voluntariado interno con la captación de extranjeros en situación socioeconómica vulnerable, a través de contratos temporales.
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Los datos del mismo informe indican que entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el contingente de combatientes extranjeros habría crecido más del 30%.
La organización internacional apunta que son 10.000 reclutados provenientes de Asia Central, cerca de 1.800 de Asia Meridional, entre 1.700 y 4.000 de África y desde 1.000 hasta 8.000 de América Latina. Dentro de este grupo latinoamericano, se destaca a Brasil, Cuba, Argentina y Colombia como países de origen, siendo Cuba el caso más intenso según la frecuencia e intensidad del reclutamiento, mientras que en los demás la captación aparece como un fenómeno esporádico.
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