Siguen los escándalos en la Ungrd: en su último día, Sneyder Pinilla aprobó una suma millonaria para Corantioquia y Corpourabá

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), asignó el último día de su mandato una suma considerable de fondos a Corantioquia y Corpourabá, corporaciones autónomas regionales de Antioquia.

Según El Colombiano, Pinilla otorgó 96.500 millones de pesos a Corantioquia y 43.500 millones de pesos a Corpourabá, lo que suma un total de 140.000 millones de pesos, un monto que representa la mayor parte de los 165.000 millones de pesos destinados para este año a las 33 corporaciones autónomas regionales del país.

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Este hecho ha levantado sospechas sobre un posible trato preferencial, especialmente porque tanto Corantioquia como Corpourabá se consideran cercanas a aliados del Gobierno Nacional.

Las asignaciones de fondos se han congelado temporalmente mientras se investiga si están conectadas con el escándalo de corrupción en la Ungrd. Carlos Carrillo, director de la Ungrd, señaló que este movimiento financiero ha dejado desfinanciada la Subdirección de Reducción del Riesgo, dirigida anteriormente por Alethia Arango, considerada cercana al exalcalde Daniel Quintero.

Además, se está investigando si los fondos fueron asignados bajo condiciones que favorecerían a municipios y contratistas específicos. Esta situación ha desencadenado una serie de investigaciones por parte de la Fiscalía, en busca de posibles irregularidades en la asignación de los recursos.

Entre las figuras clave en esta controversia se encuentra Liliana Taborda, directora de Corantioquia, cuya cercanía con María Eugenia Lopera, presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ha sido señalada como sospechosa.

Lopera, con peso en la discusión de reformas importantes para el gobierno de Gustavo Petro, como las de salud y pensiones, tiene conexiones con José Fernando Tobón, quien tuvo un papel importante en la Ungrd y ahora se desempeña en el Ministerio de Hacienda, y es uno de los responsables de aprobar las resoluciones de los desembolsos cuestionados.

Entre los aspectos que preocupan a las autoridades está el hecho de que la asignación de fondos a solo dos de las treinta y tres CAR del país podría indicar una distribución injusta de recursos destinados a la gestión del riesgo y la atención de desastres.

Esto no solo plantearía problemas legales y administrativos para los involucrados, también podría afectar la capacidad de la Ungrd para cumplir con su misión de manera eficiente y equitativa.

Por otra parte, las autoridades ambientales de Antioquia han elevado un llamado urgente para la asignación de fondos destinados a la prevención de desastres naturales y a la mitigación de los daños ya causados por las lluvias.

Cuesta, director de Corpourabá, y aborda, directora de Corantioquia, han expresado su preocupación ante la falta de recursos para enfrentar problemas como la erosión del litoral, la limpieza de ríos y la implementación de sistemas de monitoreo de riesgos en la región.

A través de un comunicado, Cuesta detalló las necesidades inmediatas, mientras que Taborda advirtió sobre el agravamiento de la situación si no se actúa con prontitud.

El foco de estas solicitudes de financiamiento coincide con la primera temporada de lluvias del año, que ya ha dejado emergencias en varios municipios, entre ellos Montebello, con una avalancha, y Santa Bárbara, donde se reportaron daños en infraestructura crítica.

Liliana Taborda, quien lleva más de 18 años trabajando en Corantioquia, sostuvo que dicha corporación cuenta con proyectos de solicitud de recursos por más de 600.000 millones de pesos ante distintas dependencias del gobierno nacional.

“Mire, estos 96.000 millones son para prevención; ahora tenemos identificados 373 puntos críticos”, explicó a El Colombiano, subrayando la capacidad de gestionar fondos para hacer frente a las amenazas naturales en los más de 80 municipios bajo su jurisdicción.

Es de resaltar que Alexis Cuesta y Liliana Taborda son señalados como cuotas políticas de los legisladores Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo, ambos aliados de la administración de Gustavo Petro. Estas asignaciones de cargos han sido fundamentales para el posicionamiento de ambos funcionarios, pese a que Taborda negó cualquier relación directa con Trujillo o Bedoya.

El proceso de elección de Taborda como directora de Corantioquia también revela la dinámica entre las fuerzas políticas en la región. Con más de 18 años de trayectoria en la entidad y un perfil académico en salud-gestión sanitaria y ambiental, Taborda logró vencer en las elecciones frente a otros candidatos, algunos apoyados por partidos y figuras políticas de renombre.

Su elección, con siete apoyos frente a otros candidatos, demuestra su respaldo institucional y político, así como la importancia de las corporaciones ambientales en la gestión y prevención de riesgos naturales en Antioquia.

El papel de Urabá

Alexis Cuesta fue elegido como el nuevo director de Corpourabá, tras un controversial proceso de selección que ha estado bajo el escrutinio público. Esta elección, que se desarrolló luego de que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, decidiera suspender y luego reanudar el proceso meritocrático debido a amenazas contra los encargados de su facilitación, ha generado amplias discusiones sobre la influencia política en la región.

La suspensión inicial por parte de la cartera de Ambiente ocurrió a mediados de octubre de 2023 tras recibir reportes de amenazas contra el equipo del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. El proceso se reestableció más adelante, filtrando a seis candidatos de entre veinticinco aspirantes. Finalmente, cuatro de ellos avanzaron a la votación final. Aunque Teófilo Cuesta era visto como el favorito por su cercanía con la vicepresidenta Francia Márquez, al final los votos favorecieron a Alexis Cuesta, apoyado por diversos sectores, incluidos los bananeros y representantes de comunidades negras e indígenas.

El Heraldo de Urabá señaló que el proceso ha estado marcado por la presunta influencia de Bedoya, un destacado político local conocido por sus vínculos con la entidad ambiental. Se menciona el “pacto de La Vaquita”, un acuerdo supuestamente concertado en un restaurante local, que habría solidificado el control de Bedoya sobre posiciones claves dentro de Corpourabá. Esta elección incluso fue demandada por Jhon Jairo Parra, quien quedó segundo en la votación.

En reacción a estas afirmaciones, la recién elegida Taborda, rechazó las acusaciones de influencia política, enfatizando su competencia técnica y su compromiso con un manejo transparente: “Soy una mujer técnica, capaz, empoderada, que ha hecho un ejercicio en lo público con pulcritud y cero temas de corrupción”. Asimismo, reafirmó a El Colombiano que ni Bedoya ni el exalcalde Quintero tienen injerencia en las decisiones de Corantioquia, y que los contratos asociados a la esposa de Bedoya se deben exclusivamente a sus méritos profesionales.

La representante Lopera, también involucrada en la discusión, respaldó el enfoque técnico de Taborda y negó tener participación alguna en la asignación de cargos dentro de la corporación.