Reconocida marca de aguardiente quedó en manos de una empresa “de papel”: allegados a políticos serían los dueños

Hay polémica en Santander, después de que quedara al descubierto una serie de irregularidades que envuelve a la casa propietaria de dos de los más conocidos tragos del departamento: Aguardiente Superior y Ron Búcaro.

Según reveló una investigación de Vanguardia, dos parejas de empresarios con fuertes vínculos en la política departamental y nacional han tomado posesión de las marcas emblemáticas de la antigua Empresa Licorera de Santander, que fue liquidada hace casi dos décadas.

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De hecho, la Empresa Licorera de Santander SAS, fue constituida nuevamente el 6 de mayo de 2020, con un capital reportado de 98.731.500 pesos colombianos, resucitando así la razón social previamente liquidada durante la gestión del exgobernador Miguel Jesús Arenas, debido a una crisis financiera de la entidad que cerró con 6.735 millones de pesos en pasivos.

Los actuales propietarios, Danny Villamizar Meneses, Juliana Villabona Pabón, Alcibiades Blanco Téllez, y Diana Carolina Sánchez Porras, han enfrentado críticas por adquirir y renovar el registro de las marcas sin aparente actividad comercial o financiera.

De hecho, el medio regional pudo constatar que durante los cuatro años que lleva en funcionamiento, sus movimientos financieros han sido casi idénticos a los reportados en su fundación, a pesar de ser los propietarios de dos de los licores más recordados en el departamento de Santander.

Ante las críticas de intentar suplantar a la antigua licorera, la defensa de los propietarios de la Empresa de Licores Santander argumentó que el proceso ha sido llevado con total legalidad, a pesar de que los trámites que ha ejecutado ante la Superintendencia de Industria y Comercio se dieron de forma exprés y sin verificación mínima de datos como la inactividad económica, con la firma reportando el mismo capital inicial entre 2021 y 2024, sin mostrar movimientos financieros, y la inexistencia física de su sede.

“La Cámara revisó que pudiera causar confusión, pero en este caso se valida el registro sin ninguna objeción, porque desde el 2002 el liquidador de esa empresa registró algo que se llama cuentas finales, y las cuentas finales es el último documento que se lleva el registro dejando habilitado ese nombre desde esa época”, indicó el abogado Jhoan Manrique a Vanguardia.

Pero datos oficiales revelaron que en solo quince días tras su constitución, Danny Villamizar y su grupo gestionaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca Aguardiente Superior, logrando su aprobación casi inmediata en noviembre de 2020 con una validez de diez años.

Un proceso similar se llevó a cabo para el Ron Búcaro, cuya propiedad también aseguraron en octubre de 2022, extendiendo su tenencia hasta 2032. Estos trámites rápidos fueron realizados bajo la gestión del exsuperintendente Andrés Barreto González, durante la presidencia de Iván Duque, lo que suscita cuestionamientos debido a la conexión entre uno de los Villamizar y el expresidente.

“En este proceso no hubo ninguna objeción de nadie”, agregó Manrique, defendiendo la legalidad de la adquisición de estas marcas por parte de sus clientes. A pesar de estas afirmaciones, la comunidad y diversos observadores cuestionan el proceso, especialmente dado que la Empresa Licorera de Santander SAS había notificado un cambio de su sede que, según la investigación de Vanguardia, no corresponde a una localización real.

La conexión política puede haber jugado un papel en la facilidad con la que estas marcas fueron reasignadas. El representante a la Cámara Óscar Villamizar Meneses, hermano de uno de los propietarios actuales, tendría una estrecha relación con el exmandatario Duque, por lo que muchos criticaron que su rol pudo ser fundamental para quedarse con los derechos de marca de los licores; sin embargo, el congresista negó cualquier intervención en los negocios de su hermano, señalando que “es un tema empresarial”.

“No señor. Es un tema empresarial de mi hermano, quien lleva haciendo empresa desde hace un poco más de 15 años”, comentó el representante al medio regional.

Sin embargo, el pleito parece apenas avivarse, pues el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la administración peleará jurídicamente para recobrar los derechos de la extinta empresa y sus marcas, al tiempo que trabajará por reconstruir la empresa pública, a pesar de que su candidatura estuvo apoyada activamente por los hermanos Villamizar.

“Vamos trabajando en los dos frentes, es decir, vamos a recuperar eso jurídicamente y vamos simultáneamente creando una empresa, mirando como hacemos los productos las patentes, lo que no vamos es a negociar bajo ninguna condición”, señaló Díaz.