El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que trece ciudadanos colombianos, que previamente habían sido encarcelados en Ecuador, han sido trasladados a la frontera del país vecino con Colombia, específicamente en la ciudad de Tulcán -la ciudad fronteriza más cercana Ipiales- para su inminente repatriación.
De acuerdo con la información emitida por el jefe de la cartera, este grupo está compuesto por once hombres y dos mujeres, será oficialmente entregado en el puente internacional de Rumichaca, Ipiales, para su posterior traslado a una cárcel en la misma ciudad, donde continuarán cumpliendo sus respectivas condenas más cerca de sus hogares y familias.
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Esta circunstancia hace parte de los planes del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien en enero anunció la deportación de más de mil reclusos, en su mayoría colombianos, como medida para enfrentar y aliviar la crisis de seguridad y sobrepoblación en sus centros penitenciarios. En su momento afirmó que “Colombia dijo que nos querían ayudar”.
Ahora bien, la situación ha sido abordada de manera ordenada, como se había planeado entre ambas administraciones. El 14 de febrero de 2024 se publicó un comunicado conjunto en el que se expresaron ambas voluntades, que respondían a la solicitud de alivio del hacinamiento en las prisiones ecuatorianas. Pero también asegura el cumplimiento de las penas en el país de origen de los reclusos.
“Como resultado del encuentro, los dos gobiernos expresaron su disposición de seguir aplicando de manera eficiente y expedita los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales para facilitar las repatriaciones voluntarias de ciudadanos privados de libertad, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, hacia sus respectivos países de origen con el fin de que cumplan sus condenas”, expresó el documento.
Daniel Noboa y su propósito de expulsar presos colombianos
Cuando estalló la crisis de violencia en el país vecino, entre fin de año del 2023 y el inicio del 2024, el mandatario ecuatoriano expresó que tenía el propósito de repatriar los presos colombianos, porque los estaban manteniendo allá. “Yo les dije: ‘Perfecto, ya les mandamos 1,500 presos’, que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas”, expresó el jefe de Estado homólogo de Gustavo Petro.
Entonces el presidente colombiano decidió reprochar la medida. Afirmó, en su momento que “la eventual expulsión de los connacionales anunciada en medios de comunicación por el presidente de la República de Ecuador, distinto a la figura de repatriación, constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia”.
Incluso, el jefe del Inpec, el coronel Danuel Gutiérrez afirmó que “físicamente, no hay campo, pero también hay que partir del hecho de que allá (Ecuador) han dicho que son 1.500, pero no tenemos información o real de cuántos en realidad son”.
Fue entonces cuando resultó necesaria la negociación que evolucionó en febrero, a través del Convenio de Esmeraldas. A mediados de ese mes, Presidencia reportó que “Delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador se reunieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para abordar la aplicación de los mecanismos de colaboración y cooperación judicial entre ambos países en el marco del Convenio de Esmeraldas en lo relacionado con la repatriación de personas sentenciadas. La delegación de Colombia estuvo presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy y el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, del Ministerio de Justicia, Camilo Umaña”.
Por su parte, el mismo presidente Noboa vaticinó que “no van a poder volver entrar al Ecuador. Tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos crímenes . Ya se fue, ya no regresa
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