Corte Constitucional falló a favor de la familia del concejal asesinado junto a Luis Carlos Galán en 1989

El 18 de agosto de 1989 es una de las fechas más recordadas por los colombianos, debido a que en el municipio de Soacha se registró el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, que en ese entonces era candidato presidencial y era proyectado por el cariño que le tenían los ciudadanos como el más opcionado ganador en las elecciones presidenciales de 1990.

Este crimen le fue atribuido a Pablo Escobar, pero años más tarde también se responsabilizó a las autoridades, puesto que se descubrió que el personal de seguridad de Galán fue disminuido y afectado, lo que propició el ataque que terminó con su vida.

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Además de la muerte de Galán, esa noche en Soacha murieron dos personas más que han sido olvidadas por el Estado durante varios años. Se trata de Santiago Cuervo, uno de los escoltas del político, y Julio César Peñaloza, que era concejal y candidato a este mismo cargo en el municipio y que, además, era uno de los líderes del evento al que fue invitado el candidato presidencial.

Durante más de 34 años, la esposa e hijas de Julio César han sido olvidados por el Estado, lo que hizo que la Corte Constitucional fallara a favor de las familiares del concejal asesinado, luego de que presentaran una demanda de reparación en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, principalmente por las fallas de seguridad que se registraron en el evento del 18 de agosto de 1989.

Dentro de los alegatos de la familia de Peñaloza están los puntos que han sido comprobados respecto al magnicidio de Galán, mismos por el que fueron condenados el exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero; el exdirector del DAS Miguel Alfredo Maza Márquez, y el excomandante de operaciones del organismo de seguridad Manuel González.

De esta forma, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la familia Peñaloza al declarar al Ministerio y la Policía como responsables de la muerte del concejal, por lo que deberán pagar una indemnización; pero esto fue apelado y en 2022 tumbado debido a que se afirmaba que la Policía Nacional no debía responder por casos del DAS, que en la actualidad no existe.

“Dado lo confuso que era determinar las competencias y el traslado a otras entidades de algunas funciones que ejercía el extinto DAS, esa carga no puede operar en contra de las víctimas al punto de limitar el acceso efectivo a la administración de justicia”, remarca el fallo de la Corte Constitucional en el que se pide que el Consejo de Estado reconozca la responsabilidad del Estado en la muerte de Julio César Peñaloza.

En diálogo con Infobae Colombia, Gloria Rojas, viuda de Peñaloza, afirmó que la lucha para que su esposo no sea olvidado ha sido encabezada por sus hijas que, a pesar de tener recuerdos nublados del amor de su padre, siempre han buscado que el Estado les ofrezca el perdón que no se ha hecho presente por más de 34 años.

“La menor, sin haberlo conocido, siempre ha luchado para que su papá no quede en el olvido, llevamos años haciendo eventos para que el recuerdo no se quede en el olvido. Nunca hemos permitido que el recuerdo de Julio César desaparezca, logramos que en el Concejo de Soacha se pusiera su nombre, eso es lo que nos ha ayudado a que el recuerdo y su imagen se mantenga”, afirmó Rojas.

De la misma forma, afirmó que por fuera del reconocimiento económico, el objetivo que tienen es moral, ya que su deseo es que Julio César sea reconocido como una víctima de la violencia en Colombia.

“No pienso en lo que nos pasó a mis hijas y a mí, sino en el resto de las víctimas. El Gobierno debería hacer que las víctimas sean atendidas por psicólogos, que todas las personas que han sido víctimas tengan un privilegio, no económico, sino que se les reconozca, que se haga un reconocimiento de perdón”, puntualizó.