Investigan a la Uspec por riesgos patrimoniales en la construcción de una prisión en Pereira

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) se encuentra siendo investigada por parte de la Procuraduría General debido a sus procedimientos contractuales, en esta ocasión relacionados con la segunda fase de construcción del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en la ciudad de Pereira. Curiosamente, se asignó una interventoría a la obra antes incluso de firmar el contrato necesario para iniciar la construcción, a pesar de que la ampliación del penal implica una inversión que supera los 200.000 millones de pesos.

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El Ministerio Público ha estado vigilante de estos procedimientos, intentando alertar a la entidad sobre los riesgos de no establecer claramente el inicio del contrato de construcción, que fue adjudicado desde el 28 de diciembre de 2023. La preocupación aumenta al observar que, casi tres meses después de la adjudicación y la contratación de la interventoría, el contrato aún no ha sido firmado, citando problemas administrativos y financieros como las causas de este retraso.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ve en esta situación un riesgo significativo para el patrimonio público. La demora podría resultar en sobrecostos y posibles reclamaciones por parte de los contratistas e interventores debido a las modificaciones en el cronograma de la obra.

Una vigilancia preventiva reveló que la Uspec no ha respetado los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones, lo que configura una posible violación al principio de planeación por no proceder a la celebración del contrato. Este tema ha sido transferido al operador disciplinario, quien determinará si los funcionarios involucrados en este proceso de contratación son responsables de alguna falta administrativa.

Esta situación subraya la importancia de la transparencia y el apego a los procedimientos establecidos en las contrataciones públicas para asegurar el uso eficiente y responsable de los recursos del Estado, evitando así riesgos innecesarios que comprometan el patrimonio público y la correcta ejecución de obras esenciales para la infraestructura carcelaria del país.

Procuraduría investiga contrato irregular de remodelación

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación oficial contra David Ricardo Sánchez Lozano, exdirector administrativo y financiero; Diana Rocío Oviedo Calderón, exsubdirectora de Gestión Contractual, y William Alirio Fuentes Caballero, subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos. Los funcionarios están bajo la lupa por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de una obra de remodelación en la oficina del personero distrital, situada en el corazón del centro de la ciudad. Este proyecto ha llamado la atención no solo por su importancia estética y funcional, sino también por las posibles omisiones y maniobras indebidas que rodean su planeación y desarrollo.

En el corazón de las acusaciones, se encuentra la elaboración de los estudios previos para el contrato de remodelación, los cuales, según las autoridades, podrían haberse realizado de manera “irregular” al no incluir la autorización necesaria del Instituto Distrital de Patrimonio Público. Esta omisión es crítica puesto que cualquier intervención en edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad requiere de un permiso especial debido a su posible valor histórico y cultural. La indagación de la Procuraduría busca esclarecer cómo y por qué se procedió sin cumplir este requisito indispensable, poniendo en tela de juicio la integridad y la transparencia del proceso.

La investigación no solo se centra en la posible falta de autorización, sino también en el conjunto del proceso contractual. El Ministerio Público ha ordenado la realización de pruebas pertinentes para determinar la secuencia de eventos y verificar si estas acciones constituyen infracciones disciplinarias. La entidad ha expresado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, asegurando una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades administrativas, financieras y jurídicas de los implicados.