
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa a la fintech Nanocred Colombia SAS por infringir los derechos de los consumidores. La empresa deberá desembolsar más de 1.300 millones de pesos como parte de las sanciones establecidas.
La SIC encontró que Nanocred Colombia, a través de su aplicación de créditos por la aplicación Profin App, vulneró el derecho de los consumidores a recibir información veraz, suficiente, precisa y oportuna. Además, la empresa aplicó intereses que excedieron las tasas legales en el país.
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En respuesta a estas irregularidades, la SIC ha ordenado a la empresa reembolsar los intereses cobrados en exceso a los consumidores desde el 16 de mayo de 2021 hasta la fecha, además de la sanción económica de exactamente 1.326 millones de pesos.
La investigación reveló que los consumidores fueron vinculados a contratos mediante una simulación de créditos a través de la aplicación Profin App, sin recibir la información adecuada sobre la adquisición y asumiendo tasas de interés elevadas junto con tarifas ocultas. Nanocred Colombia afirmaba contar con el aval de la SIC, aprovechando esto para cobrar tasas de interés superiores a las legales, lo que constituye usura.
Cabe recordar que, para 2024, según la Superintendencia, la tasa máxima de interés que se puede cobrar en Colombia es 1,5 veces la tasa de interés bancaria estándar. Esto significa que no puede ser más del 33,3% de interés al año para los préstamos.

Nanocred Colombia hace parte de la industria que aplica nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión (Finance and Technology). Si bien las fintechs colombianas han desempeñado un papel crucial en facilitar el acceso a servicios financieros a través de internet, la SIC subraya que este desarrollo tecnológico no exime a las empresas de cumplir con las normas de protección al consumidor.
Esta decisión de la SIC establece un precedente importante en la regulación y supervisión de las fintechs en Colombia, reforzando la importancia de proteger los derechos de los consumidores en el ámbito financiero.
Esto es lo que tendrá que hacer la empresa: devolver el dinero a los colombianos
Además de pagar la multa y reembolsar los intereses, Nanocred Colombia está obligada a contactar directamente a cada uno de los usuarios para informarles sobre la decisión de la SIC con respecto a Profin App.
La SIC también ha emitido un comunicado detallando las múltiples irregularidades cometidas por Nanocred:
- No suministrar información mínima y veraz respecto del cargo por el uso de la plataforma.
- Incurrir en publicidad engañosa”.
- No suministrar información en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 1074 de 2015.
- Realizar cobros de intereses que desbordaron las tasas máximas legales.
- No cumplir con las obligaciones exigidas frente al comercio electrónico.

No obstante, la SIC no tiene la última palabra aún, pues Nanocred Colombia tiene la opción de presentar un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, así como de apelar ante la superintendente delegada para la Protección del Consumidor.
Tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de iniciar una investigación sobre Nanocred por su plataforma Profin, la empresa ha emitido una declaración comprometiéndose a cooperar plenamente con las autoridades durante el proceso en curso.

En su comunicado, la compañía reconoce la importancia de abordar los aspectos regulatorios relacionados con las fintech.
Debido a su naturaleza innovadora, la empresa invitó al gobierno, expertos del sector y al público en general a participar en un debate abierto para aclarar lo relacionado con este tipo de industrias en el país “con la mayor profundidad y transparencia, para asegurar que el servicio que estas plataformas prestan a la sociedad se haga de la mejor forma y pensando siempre en mejorar la calidad de vida de la gente”, indica el texto.
Finalmente, Nanocred expresó su interés en formar parte del proyecto de ley de Comercio Electrónico actualmente en discusión en el Congreso de la República, con el objetivo de abordar las necesidades de financiamiento de las pequeñas empresas.
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