En su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el canciller en funciones, Luis Gilberto Murillo, hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse en la modificación del enfoque global hacia la crisis del tráfico y consumo de drogas.

Abogando por un cambio hacia un enfoque centrado en la salud de las poblaciones afectadas, el ministro presentó la política de Drogas de Colombia, llamada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante la versión número 67 del encuentro internacional sostenido en Viena, Austria, el Canciller Murillo detalló la propuesta de política, destacando la necesidad de abandonar la estrategia actual que, según dijo, ha llevado a niveles alarmantes de desplazamiento y falta de confianza en los gobiernos para proteger a sus ciudadanos.

Según Murillo, es esencial ampliar los esfuerzos priorizando políticas de salud pública, prevención y eliminación de la estigmatización en el uso de drogas, garantizando el acceso a programas de control de sustancias alucinógenas. El canciller resaltó que la política global de drogas debería tratar a las personas con dignidad y garantizar sus derechos humanos, particularmente en comunidades vulnerables.

En representación de Colombia, Murillo anunció dos compromisos clave para cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas:

• Diseñar e implementar una red internacional de reducción de daños.
• Avanzar en la revisión crítica del sistema internacional de fiscalización de drogas.

Este último punto fue, justamente, el objeto del discurso que envío Petro a las Naciones Unidas. Allí dijo, en síntesis, que “Colombia puso en práctica todas las fórmulas equivocadas (...) Pusimos los muertos, le entregamos a soldados y policías una misión imposible. Desperdiciamos dineros de nuestro presupuesto. Convertimos a nuestras comunidades campesinas, indígenas y afros en enemigos”.

El canciller encargado también buscará alianzas con países que estén desarrollando políticas afines y posicionará la visión colombiana sobre la relación entre la protección de los derechos humanos y las políticas de drogas.

Así será la nueva política contra el narcotráfico de Colombia

La propuesta de política antidrogas del gobierno Petro se basa en un enfoque integral centrado en la vida y el medio ambiente, que aborda los distintos componentes del fenómeno para erradicar el narcotráfico. La política reconoce las vulnerabilidades asociadas al uso de drogas y busca proteger a las personas afectadas.

Según se detalla en el documento expedido por el Ministerio de Justicia, la estrategia tiene tres escalones para que Colombia logre transitar de las economías ilegales a los proyectos lícitos. No obstante, aún existe todo un desafío sobre cómo implementar tal política, los recursos disponibles para ello y el ajuste de las comunidades a las propuestas del Gobierno. Esta triada consiste en:

Condiciones de vida digna

En este aspecto, el Gobierno busca priorizar las necesidades básicas de las comunidades en territorios con cultivos de uso ilícito. Para ello, propone tres estrategias:

• Garantizar la soberanía alimentaria, promoviendo técnicas modernas agrícolas.
• Realizar compras públicas focalizadas, para que el Estado garantice que los productores que han abandonado las economías ilegales encuentren un mercado estable donde comercializar sus productos lícitos.
• Brindar asistencia técnica (agropecuaria y no agropecuaria), con capacitaciones a los ciudadanos en sectores de servicios, transporte, construcción, turismo, etc.

Autonomía comunitaria

Este segundo escalón está enfocado en fomentar proyectos de generación de ingresos asociativos y agroindustriales. A partir de:

• Promover el acceso a recursos y tecnologías que impulsen la expansión productiva: las entidades financieras del Grupo Bicentenario (como el Banco Agrario, Finagro, Fontur, etc.) implementarán programas de crédito ajustados a las condiciones especiales de estos territorios.
• Poner en el centro de los proyectos productivos la inclusión a la población joven así como a personas que hayan sido parte de procesos de paz.
• Generar infraestructura rural en zonas de cultivos de uso ilícito con mano de obra local.

Afianzamiento económico

El tercer paso sería asegurar la sostenibilidad de los escalones anteriores, integrando las actividades económicas a mercados locales, nacionales e internacionales, a partir de:

• Crear actos de productividad entre el sector privado, el Estado y las comunidades.
• Formalizar tierras rurales con la transferencia de tierras de la Agencia Nacional de Tierras.
• Crear una marca distintiva para los productos y servicios que sean generados por la sustitución de cultivos ilícitos.

En cuanto a las acciones más “ofensivas”, la política antidroga sugiere destruir complejos de producción de clorhidrato de cocaína, laboratorios de heroína, así como en el desmantelamiento de infraestructura relacionada con la fabricación ilícita de fentanilo; además de controlar los insumos utilizados para la producción de estas drogas, fortaleciendo los controles aduaneros.

Para lograr estos objetivos, se implementarán medidas como el fortalecimiento de la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, mediante la inversión en tecnología de vigilancia, la capacitación de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de inteligencia y la cooperación internacional.

Además, la política busca desescalar la violencia y desarticular organizaciones criminales vinculadas al mercado ilegal de drogas mediante diálogos de paz.