El presidente Gustavo Petro ha tomado medidas decisivas para reformar el sistema de salud colombiano, a pesar de los desafíos que enfrenta su propuesta en el congreso. De hecho, el martes 12 de marzo, una votación de ocho sobre 14 senadores que componen la Comisión VII hundió, prácticamente, la posibilidad de que la reforma a la salud pase a debate pleno y sea finalmente aceptada.
Si bien hay todavía una ligera esperanza de que no muera la iniciativa en la rama legislativa, lo cierto es que Petro ya se ha anticipado para materializar su propuesta. Uno de los puntos cruciales de su iniciativa es la priorización de la prevención en el sistema de salud sobre el sistema curativo, para lo que ya ha anunciado cambios por decreto.
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Uno de los más destacados anuncios se dio el pasado 26 de febrero, cuando Petro afirmó la necesidad de implementar este enfoque preventivo en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo control estatal, como la Nueva EPS y aquellas intervenidas por la Superintendencia, como Savia Salud, Asmet Salud, S.O.S., Emsanar y Famisanar. “Ninguna norma nos lo prohíbe. La Constitución lo ordena y las leyes lo pretenden sin éxito hasta ahora”, afirmó el presidente.
Rolando Peñaloza, profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó a Infobae Colombia que esta medida busca fortalecer el cuidado primario y cambiar de un modelo curativo a uno preventivo, sin necesidad de una reforma formal.
Otro de los aspectos que también reforzaría el propósito preventivo de la reforma del Gobierno nacional está relacionado con un borrador de resolución para establecer equipos básicos de salud, financiados con el 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Estos equipos, compuestos por personal de la salud, tendrán la responsabilidad de garantizar el acceso a los servicios a toda la población, independientemente de la EPS a la que estén afiliados, haciendo atención extramural, es decir, fuera de los centros de salud habituales.
Desde el 2023 el Gobierno venía ejecutando su estrategia en salud
Estas acciones se suman a decretos emitidos durante 2023 por la Presidencia bajo el argumento de mejorar las condiciones de salud en regiones vulnerables, como La Guajira, donde se implementaron medidas preventivas de manera urgente. El mismo Guillermo Alfonso Jaramillo dijo en agosto del año pasado que, con el aumento en el presupuesto en un 20% respecto al año anterior, “se están dando los primeros pasos en la implementación de la Reforma a la Salud”.
De hecho, en julio del año pasado, Petro dijo: “La reforma a la salud presentada al Congreso será aplicada de inmediato en La Guajira por decreto de emergencia”. Con esas declaraciones también anunció que 300 equipos médicos estarían desplegados en las áreas más vulnerables del departamento, dirigiendo sus acciones de atención preventiva en salud a la niñez y la vejez.
Adicionalmente, desde el pasado 9 de noviembre se está considerando un proyecto de decreto para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) realice giros directos a los prestadores de servicios, es decir, sin intermediación de las EPS. El argumento para generar esa modificación a pesar de no haber pasado en el legislativo está consignado en el mismo borrador y dice que “el total de la cartera adeudada por las EPS del régimen contributivo, asciende a 2,3 billones de pesos”.
El presidente del Colegio Médico Colombiano, Carlos Valdivieso, expresó en entrevista con Blu Radio que eliminar la intermediación de las EPS por decreto es algo “no puede hacer”. Según Valdivieso eso implicaría incumplir la Ley 100, en la que se se consigna que la intermediación está vigente y no dejará de estarlo en tanto no se apruebe una nueva ley.
A pesar de los obstáculos en el congreso, el Gobierno continúa avanzando en la implementación de la reforma que considera clave para mejorar el sistema de salud colombiano, utilizando decretos como herramienta para impulsar sus cambios.
No obstante, todavía hay oportunidades para rescatar la reforma. El Gobierno nacional está explorando estrategias para mantener vivo su proyecto de ley, pero deberá actuar antes de que se vote la propuesta de archivo, lo que implica presentar una nueva alternativa en la que se alcance un nuevo consenso.
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