
El conteo regresivo para el regreso al país del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia está en marcha. El lunes 19 de febrero se supo, entre otros por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que el confeso criminal estaría de nuevo en el territorio nacional en los próximos 15 días, luego de pagar una condena por narcotráfico en los Estados Unidos: país en el que estuvo recluido desde 2008. Y luego de querer acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Mancuso, que en las audiencias únicas de verdad adelantadas ante el tribunal transicional ha señalado al exmandatario de conocer el accionar delictivo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluso desde su época como gobernador de Antioquia, estaba a la espera de que se resolviera su situación migratoria en el país norteamericano. No obstante, desde este país el excabecilla del grupo armado venía adelantando diligencias ante la JEP para recibir beneficios.
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En una publicación en su perfil de X, que sorprendió por la forma en que dio a conocer esta noticia, Uribe Vélez indicó que fuentes le dieron a conocer que en 15 días Mancuso estaría en el país. “Comunidad informa: ‘Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados’”, indicó el ex jefe de Estado en su perfil, información que pudieron corroborar medios de comunicación durante el transcurso de la jornada.
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La publicación de Uribe generó revuelo entre sus contradictores, quienes recordaron que Mancuso fue extraditado a EE. UU. durante su segundo mandato, y pese a que desde 2005 se acogió al programa de Justicia y Paz con el que el entonces alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, logró la desmovilización de las estructuras de la AUC, entre ellas el temido Bloque Catatumbo, involucrado en una serie de masacres de Mapiripán (Meta), El Aro (Antioquia) y La Gabarra (Norte de Santander).
Salvatore Mancuso pidió garantías a la JEP para su eventual regreso a Colombia
Sobre el particular, se había conocido el 12 de febrero la solicitud que Mancuso había hecho a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, en relación con una serie de medidas de seguridad para él y su familia. Lo anterior, para cumplir con una audiencia privada con el objetivo de discutir la coordinación entre Justicia y Paz y la JEP para su eventual comparecencia ante este organismo, como parte del compromiso de verdad, justicia y reparación a las víctimas.
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Tras cumplir una sentencia en Estados Unidos, Mancuso —que tiene abiertos casos por más de 60.000 delitos en Colombia, en la Fiscalía General de la Nación— quiere que se ponga en marcha lo que sería un mecanismo de articulación interjurisdiccional para facilitar su retorno a Colombia y asegurar su participación en los procesos de este tribunal. Es por tal motivo que pidió garantías, debido al alto riesgo que, según él, corre su integridad.
“Que se active el mecanismo de coordinación y articulación interjurisdiccional, de carácter extraordinario que estableció esta subsala con respecto a Justicia y Paz, a fin de abordar y decidir acciones y medidas necesarias para mi retorno a Colombia, activar mi participación como gestor de paz y asegurar mi participación efectiva en los procesos de justicia transicional”, se leyó en el documento enviado por Mancuso a JEP.
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En respuesta, los magistrados de la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP pidieron al presidente de la entidad, Roberto Carlos Vidal López, que coordine con el Gobierno nacional y otras autoridades pertinentes, las acciones necesarias para la protección de Mancuso Gómez y su núcleo familiar tras su potencial regreso a Colombia, desde un centro de reclusión en Georgia (Estados Unidos), y luego de que se desestimara su deportación a Italia, en donde también tiene procesos pendientes por sus presuntos vínculos con la mafia.
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