El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la investigación que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre la presunta financiación irregular de su campaña en 2022. Uno de los investigadores concluyó que la indagación debería cerrarse y que el jefe de Estado no debería ser llamado a indagatoria.
“Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta”, se lee en el documento, al que tuvo acceso El Tiempo.
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Sin embargo, los representantes Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo, que también hicieron parte del triunvirato investigador, no estuvieron de acuerdo con esa postura y radicaron ante la Comisión de Investigación y Acusación una solicitud para que el presidente sea llamado a indagatoria. Así lo expusieron en el salvamento de voto que presentaron frente al auto mediante el cual se profirió la decisión inhibitoria en materia penal.
“El Triunvirato Investigador debe disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, mediante la recepción de indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno de los siguientes derechos: derecho a la defensa técnica, derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, prohibición de derivar de tal silencio indicios en su contra, derecho a ser informado de los hechos y de la calificación jurídica provisional, y derecho al traslado del expediente para la preparación de su defensa”, detalla el salvamento de voto.
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El primer mandatario reaccionó asegurando que no ha cometido ningún crimen y que, pese a ello, estarían tratando de privarlo de la libertad. “Ya amenazaron encarcelarme sin cometer un solo delito. Ya sabemos que viene si no se detiene la época oscura de Colombia”, aseveró el jefe de Estado en X.
Los hallazgos de la Comisión de Investigación y Acusación
Los investigadores advirtieron que en la campaña Petro-Presidente de 2022 hubo financiación con fuentes prohibidas. Entre ellas se incluye un cheque de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por $500 millones. Según indicaron, la organización sindical es una persona jurídica de derecho privado que “tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”.
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También hubo un aporte de la Unión Sindical Obrera (USO), que, al igual que Fecode, no está habilitada para destinar recursos a campañas presidenciales, pero allegó $600 millones a la campaña del hoy mandatario. La decisión se aprobó mediante una proposición interna de “reforzar” la segunda vuelta electoral a la que se enfrentaría Petro.
Por otro lado, la Comisión también confirmó que se superaron los topes de financiación de la campaña mediante el “ocultamiento de facturación aeronáutica”. En ese apartado se menciona a la sociedad Sadi S.A.S, de transporte aéreo, con la que la campaña suscribió contratos de fletamento para las dos vueltas presidenciales.
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“El CNE evidenció una discrepancia sustancial entre los valores reportados por concepto de transporte aéreo y los valores reales de los fletamentos. La sociedad Sadi S.A.S expidió facturas originales y, con posterioridad, las anuló mediante las notas crédito NC31 y NC32, emitiendo facturas sustitutivas por valores sustancialmente menores”, se lee en el documento de salvamento de voto.
La violación de topes de gasto en la campaña fue de $3.042.997.101, desagregados de la siguiente manera:
- Primera vuelta: superación de $2.459.568.112 por encima del tope legal.
- Segunda vuelta: superación de $583.428.989 por encina del tope legal.
La Comisión también encontró que hubo una omisión masiva de pagos a testigos electorales en la campaña y casos de fraude procesal mediante la presentación de informes adulterados.
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