
El inicio de un modelo piloto de pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga hizo que los motociclistas de esta ciudad amenazaran con realizar protestas en contra del alcalde Jaime Andrés Beltrán, por lo que fue necesaria una reunión entre el Bukele colombiano y representantes de este gremio para evitar esta situación.
La molestia de los motociclistas reside en el rumor que se generó relacionado con que la Alcaldía de Bucaramanga estaba pensando implementar la restricción de parrillero en la capital de Santander, lo que fue descartado por Beltrán.
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Pero esto no terminó con los problemas de Beltrán, ya que esta decisión generó frustración en el gremio de taxistas, que en diferentes ocasiones han pedido que en Bucaramanga se implementen medidas en contra del transporte informal, principalmente el mototaxismo.
De esta forma, en diálogo con Infobae Colombia, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax), Hugo Ospina, en representación del líder gremial en Bucaramanga, afirmó que en caso de que el alcalde de esa ciudad no implemente medidas en contra de los mototaxistas, demandaran a Beltrán.

La molestia de este gremio está fundamentada en la sentencia del Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga del 19 de diciembre de 2023, que ordenaba que las alcaldías de Bucaramanga, Girón y Floridablanca y Piedecuesta debían implementar un plan de acción para combatir el mototaxismo.
“DECLARAR que el Municipio de Bucaramanga, Municipio de Piedecuesta, Municipio de Girón y Municipio de Floridablanca vulneraron los derechos colectivos a la libre competencia económica, acceso a los servicios públicos eficientes y oportunos y derechos de los consumidores y usuarios por permitir la práctica del mototaxismo, conforme a las razones expuestas anteriormente”, es parte de la orden judicial suministrada a Infobae Colombia.

Ospina resaltó que hay varios espacios de conocimiento público que han sido tomados para que los mototaxistas recojan a sus clientes, por lo que piden que la Policía Metropolitana de Bucaramanga intervenga y cumpla con su deber.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, el desacato a la orden del juez incurriría en una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales y hasta seis meses de prisión.

Debido a que desde la opinión del gremio de taxistas, las acciones en contra del transporte informal no han sido implementadas, tomaron la decisión de esperar a que termine el plazo dado por el juez para iniciar un nuevo proceso legal en contra de los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga.
“En el resuelve está lo que ordenó el juez, el alcalde y los alcaldes del área metropolitana no tienen, sino que cumplir inmediatamente lo que ordenó el juez… Hoy se le vence el plazo, entonces nosotros le ponemos otro desacato si no cumplen con lo que ordenó el juez. Dos, estamos hablando con los líderes de Bucaramanga para que le ponga fraude a resolución judicial”, afirmó Hugo Ospina a Infobae Colombia.
Por último, Ospina anticipó que el proceso legal también será en contra del comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ya que en una parte se menciona la responsabilidad de esta institución en el cumplimiento de la norma en contra del transporte informal:
“Es el plan de acción que deben tener los alcaldes, no es solamente un punto, tienen que cumplir con todo con el artículo sexto. También vamos a incluir al comandante de la policía, porque en el artículo quinto está vinculado formalmente, la policía tiene que actuar igual que los agentes de tránsito”.
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