De acuerdo con la Presidencia de la República de Colombia, el 87 por ciento, es decir, 12.105 de los firmantes del acuerdo de paz en La Habana (Cuba) siguen reincorporados y comprometidos con el proyecto de resocialización.
Lo anterior fue una de las conclusiones principales del encuentro entre el Gobierno y los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU, llevado a cabo en el Antiguo Espacio territorial de Capacitación y Reincorporación de Agua Bonita, Caquetá.
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El Consejo de Seguridad de la ONU resaltó los esfuerzos del Gobierno y de los firmantes para implementar el acuerdo de paz, y se familiarizó con los cuatro ejes del proceso: reintegración económica, social, política y comunitaria.
“Agradecemos a los firmantes por recibirnos en su hogar. Reconocemos su compromiso con la paz a pesar de los desafíos. Esta visita es un reconocimiento a su perseverancia y dedicación. Nuestra presencia demuestra la importancia de apoyar a Colombia en este proceso”, expresó Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia.
JEP cita a la Fiscalía colombiana y Alto comisionado para la Paz para que rindan cuentas sobre los asesinatos de reincorporados
Luego de que el pasado 10 de febrero se conociera del asesinato del excombatiente Eywar Yamid Morán Campo en la vía que comunica a los municipios de Santander de Quilichao y Caldono, en Cauca, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a una audiencia para abordar la preocupante situación de seguridad que enfrentan los excombatientes de la Farc en Colombia.
La citación, que fue emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, quedó programada para el 26 de febrero en Pitalito, Huila, en la cual solicitó la presencia de altos funcionarios estatales y representantes de diversas entidades gubernamentales.
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Entre los citados se encuentran el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y al máximo representante de la Fiscalía colombiana, Martha Mancera, deberá acudir a la reunión para responder sobre los esfuerzos interinstitucionales para salvaguardar la vida e integridad de aquellos que han dejado las armas.
Los funcionarios deberán proporcionar, además, claridad sobre los acuerdos alcanzados con grupos armados ilegales y el despliegue de políticas públicas para el desmantelamiento de organizaciones criminales. En el caso de la fiscal encargada, se le solicitarán los avances en materia de investigación para capturar y judicializar a los responsables de los crímenes.
De hecho, se conoció que el alto comisionado deberá entregar un cuestionario antes del 19 de febrero, en el que se deberá aportar los avances que ha obtenido su dependencia en las negociaciones con los grupos armados, que incluye a las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia.
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