80.000 familias de personas con discapacidad recibirán subsidio para mejorar su calidad de vida

El representante a la Cámara Wilmer Castellanos, del Partido Alianza Verde, entregó buenas noticias para aquellas familias cuyos miembros incluyen a personas con discapacidad, pues dio a conocer la aprobación de un nuevo apoyo monetario que beneficia a estos ciudadanos y sus cuidadores.

El siete de febrero informó que se verán beneficiadas “más de 80.000 familias que tengan personas con discapacidad y recibirán a partir de este año un subsidio de $500.000 cada 45 días”, gracias a que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó, en el artículo 66 la priorización de estas personas dentro del programa Renta Ciudadana.

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El anuncio lo hizo en compañía de Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, que dijo que se espera que esta población tenga mejor calidad de vida.

Tras conocerse esta información, por medio de redes sociales se recordó el proyecto denominado Ley Inclusión+, con el que el congresista esperaba promover la igualdad y proteger los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Finalmente, logró avanzar y envió un mensaje para los colombianos: “Con gran emoción festejamos que, como resultado de nuestra labor, hoy se materialice lo que plasmamos en el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 66: La priorización de las personas con discapacidad en el programa Renta Ciudadana”, declaró Castellanos.

Familias favorecidas por el proyecto

De acuerdo con Castellanos, y en términos de impacto social, esta ley podría beneficiar a más de 80.000 familias colombianas, que recibirían un apoyo económico importante, lo que representa el esfuerzo por aliviar las desigualdades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que históricamente han enfrentado barreras significativas para su plena inclusión en la sociedad.

“Agradecemos a la doctora Laura Sarabia y al Gobierno nacional por contribuir y respaldar las necesidades de esta población”, dijo el funcionario tras la aprobación de este enfoque en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A lo largo de la historia de Colombia, las estadísticas revelan una notable diferencia en los niveles de ocupación entre personas con y sin discapacidad, lo que termina por afectar su sostenimiento y es calificado por el congresista como una deuda social y del Estado con esta población.

“Entre enero de 2021 y marzo de 2022, la población con discapacidad presentaba un nivel de ocupación del 18,6%, mientras que la población sin discapacidad estaba en el 57,1%, una diferencia negativa de 38,5 puntos porcentuales, hecho que nos motiva a presentar este proyecto para fortalecer acciones con enfoque diferencial”, dijo al trabajar por esta iniciativa.

Justicia social

A través de estas medias, el congresista Castellanos ha sido enfático en resaltar que no solo se busca reconocer y reparar a los ciudadanos que cuentan con estas condiciones, sino también establecer una plataforma de justicia social por medio de la cual se garantice una vida digna para todos los colombianos.

Propuestas legislativas de este tipo reflejan un esfuerzo concertado por construir un país más inclusivo y equitativo para aquellas personas que tienen menos recursos y dificultad para obtener ingresos por sus condiciones de salud.

“Seguiremos trabajando por construir un país inclusivo, con garantías y vida digna para los más vulnerables y en general para todos los Colombianos”, dijo el congresista tras dar a conocer la noticia.

Cabe mencionar que esta iniciativa nace con las bases del proyecto Ley Inclusión+ que el congresista propuso desde 2023 y que no solo contemplaba la creación de un Fondo de Bienestar destinado a personas con discapacidad y sus cuidadores, el cual está dirigido a desarrollar programas de transferencias monetarias, mejorar las condiciones de habitabilidad y mobiliario de este grupo poblacional.

Incluso, se destacó la posibilidad de implementar cursos de formación y cualificación para los cuidadores de personas con discapacidad, cerrando así una brecha significativa en el apoyo a estos grupos vulnerables.