
Las palabras del locutor Paco Ramírez, de la emisora Tropicana Cali, contra el presidente Petro, con las que lo tildó de “narcotraficante” y “bandido” al aire, terminó en la decisión del Grupo Prisa (dueña de Tropicana) de finalizar el contrato con el comunicador.
Ante la decisión del grupo Prisa, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, Edwin Palma, rompió el silencio y se refirió a la polémica.
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El funcionario expresó su repudio por la conducta de Ramírez e hizo referencia a la delgada línea entre la libertad de expresión y la calumnia, que está tipificado en el Código Penal como un delito. “Repudiable lo hecho por el periodista: ofender y calumniar a nuestro Presidente abusando del derecho a la libertad de expresión, raya en el delito”, señaló.

Sin embargo, a pesar del rechazo por las acusaciones del locutor, Ramírez insinuó que la decisión del medio de comunicación podría no cumplir con los parámetros legales, que estipulan las leyes colombianas sobre los derechos de los trabajadores.
“Sin embargo, desde el punto de vista del derecho del trabajo, este despido sería ilegal. Es lo que hacen la mayoría de empleadores del país: evitarse, pretermitir el debido proceso, pagando una indemnización barata (que queremos subir en nuestra reforma laboral).
De hecho, el viceministro lanzó pullas a las empresas del país que, bajo la figura de la indemnización, logran sacar a sus empleados sin mayores explicaciones y líos legales ante las autoridades pertinentes. “Es lo que también puede considerarse como un “abuso a despedir sin justa causa”. Que contrario a lo que dicen la mayoría de empleadores y sus abogados, eso no es un “derecho””, criticó.
Incluso, el funcionario del Gobierno inventó otro escenario en el que también sería ilegal el despido de los trabajadores, pero esta vez usó a la periodista que se vio envuelta en la polémica. “Inventemos un caso similar y probable. La periodista defiende al presidente y al gobierno o dice algo respetuoso, pero que no le gusta al dueño del medio. La despiden “sin justa causa”. Es un despido por razones políticas, discriminatorio. Inconstitucional”, señaló.

En todo caso, el funcionario del Ministerio de Trabajo fue enfático en reprochar los presuntos ataques del comunicador a su compañera, con quien sostuvo un fuerte enfrentamiento al aire por sus diferencias políticas que desencadenaron en un escándalo que involucró al presidente. “Contraviene varias normas laborales, incluyendo las asociadas al acoso laboral”.
Por otra parte, Ramírez ha defendido su posición, argumentando que sus comentarios fueron sacados de contexto. El locutor explicó que hizo referencia a una entrevista previa con alias Popeye, donde se lanzaban acusaciones hacia Petro relacionadas con el narcotráfico, pero rechaza haber afirmado directamente esas acusaciones contra el presidente. “Estábamos en el noticiero y en uno de esos momentos dije: ‘una vez yo vi una entrevista de Popeye hablando de Petro sobre narcotráfico’”, declaró Ramírez a la revista Semana.
El comunicador añadió que la situación se complicó tras un malentendido con su colega Estefanía Lerma, llevándolo a ser tachado de misógino en redes sociales.
Y es que el escándalo escaló al punto de que el propio presidente denunciara las presuntas calumnias en su contra, pues en el fragmento viralizado en redes sociales se escucha a Ramírez hacer varios comentarios contra Petro, incluso gritando a su compañera que recibiría regalos por parte del Gobierno nacional por su afinidad política.
“La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso, muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el estado al servicio del capital, sino al servicio del pueblo”, criticó Petro.
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