
El Gobierno nacional emitió este domingo 28 de enero un decreto de situación de desastre nacional, con lo que busca destinar recursos de manera más efectiva para atender y contener la emergencia.
La medida, que ya había sido anunciada por el presidente Gustavo Petro el 24 de noviembre pasado, se aplicará por medio del decreto 0037 de 2024, con fecha del 27 de enero. Allí se explica que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo “consideró que se cumplen con los criterios establecidos en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, por lo que emitió concepto previo favorable para la declaratoria de la situación de desastre nacional”.
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Esta declaratoria tendrá una vigencia de 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual, que previamente deberá ser aprobado por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Según había explicado el presidente Petro, no se trata de un decreto de emergencia, lo cual lo diferencia de los decretos de estado de excepción contemplados por la Constitución. Se trata, más bien, de una medida que busca destinar nuevas partidas presupuestales para atender la situación en distintos puntos del territorio nacional.
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“El decreto nos permite mover partidas para atender situaciones de desastre, lo mismo que se hará con la carretera del Chocó”, dijo el presidente Gustavo Petro.

El mandatario nacional indicó además que, si la capacidad existente no alcanza para manejar la emergencia, se evaluará seguir pidiendo asistencia internacional, como ya lo hizo. Además, destacó que los incendios forestales se han focalizado en Cundinamarca, Boyacá y Santander, regiones que han visto un incremento alarmante en la deforestación. Esto ha disminuido la humedad promedio, facilitando así la expansión de los incendios.
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“La adaptación a la crisis climática implica guardar el agua de la época de lluvias para ser usada en época de sequía. El país no ha realizado estudios sobre aguas subterráneas de calidad, ya que ha priorizado la explotación de petróleo y carbón en lugar de centrarse en la gestión del agua”, manifestó el jefe de Estado esta semana.
De acuerdo con el Ideam, hay 954 municipios en todo el país con nivel de alerta por incendios forestales, entre los cuales 582 están en alerta roja, 25 en alerta naranja y 113 en alerta amarilla.
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Por otra parte, entre el 3 de noviembre y el 24 de enero de 2024 se han presentado afectaciones en 5 departamentos y 32 municipios, según el reporte de seguimiento al Fenómeno El Niño elaborado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (Ungrd). Por lo pronto, se han registrado 323 incendios forestales, seis sequías y dos heladas, afectando a un total de 6.723 hectáreas, dejando a 69 municipios sin abastecimiento de agua potable y 16.233 familias afectadas compuestas por 44.954 personas.

“El déficit de precipitaciones que se evidencian en el comportamiento histórico de las lluvias conllevan a una mayor fragilidad en el territorio colombiano para resistir los impactos que genera la influencia del Fenómeno El Niño”, señaló además el Gobierno nacional. Algo que agrava la crisis de sequía es que el Fenómeno del Niño, que inició en mayo de 2023 y se espera que dure hasta marzo de 2024, coincidió con el periodo de sequía natural de Colombia.
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Ahora que el decreto ya fue oficializado, el Gobierno nacional tendrá la capacidad de aplicar el régimen normativo especial para situaciones de desastre y calamidad pública, que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratación empréstitos, control fiscal entre otras medidas.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá elaborar el Plan de Acción Específico para manejar la situación. “Deberá contener Ias estrategias para la respuesta, la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, y deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente”, se detalla en el decreto sobre aquel plan.
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Este es el decreto:

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