Defensoría del Pueblo se pronunció por millonario contrato para adecuar gimnasio en sede de Bogotá

La Defensoría del Pueblo dio de qué hablar luego de que se conocieran los detalles de un millonario contrato para adecuar un gimnasio en su sede de Bogotá; esto, tras el hallazgo de un alto índice de sedentarismo en el 78% de los 462 trabajadores consultados por una empresa especializada en salud ocupacional.

“El 78% no realiza alguna actividad física, es decir, que es sedentaria y el 22% de los trabajadores refiere practicar alguna actividad deportiva. Por lo anterior, es importante incentivar a los trabajadores a realizar ejercicio con regularidad, para prevenir enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, alteraciones del peso y patologías asociadas frente estrés”, indicó el informe de Evalúa Salud I.P.S., suscrito por la Defensoría para realizar un diagnóstico de salud empresaria en sus trabajadores, reseñado por La W.

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El informe también evidenció que, según la muestra recolectada, el 45,9% de los trabajadores analizados se encuentran dentro de los parámetros normales en el IMC (Índice de Masa Muscular), otro grupo presenta sobrepeso o índice de obesidad del 38,7% y 14%, respectivamente. Mientras que el 1,4% clasificó en los parámetros de delgadez. El diagnóstico de dicho informe habría estado acompañado de exámenes médicos a los empleados.

De acuerdo a las recomendaciones consignadas en el informe de Evalúa Salud I.P.S, en el que decía: “Sumado al hecho que la Entidad no cuenta con la dotación suficiente de máquinas, equipos y elementos para la actividad y ejercicio físico de los funcionarios y demás colaboradores, resulta necesaria la adquisición de equipos y elementos deportivos para la dotación del gimnasio de la Defensoría del Pueblo”.

Por ello, la Defensoría se puso en la tarea de cotizar los equipos requeridos para montar el sofisticado gimnasio para alrededor de 2.600 trabajadores y 4.300 defensores. Finalmente, fue el proveedor Evolution Fitness Corporation, con una cotización de $899.955.500, la que se quedó con dicho contrato, adjudicado el 28 de diciembre de 2023.

A pesar de que el contrato, que finalmente se obtuvo por valor de $956.289.600, tenía fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de ese año, no se ha podido dar feliz término, debido a que el proveedor presentó dificultades en la adquisición de los costosos equipos:

“Los hechos anteriormente expuestos configuran un evento de fuerza mayor no atribuible a EVOLUTION como contratista, por lo que para evitar cualquier acción tendiente a la paralización del contrato referenciado se hace imperativo prorrogar por un término de 45 días calendario adicionales al plazo de ejecución ya establecido, es decir, hasta el 13 de febrero de 2024″, indicó la empresa proveedora.

El contrato en mención generó serias inquietudes respecto al alto costo de los equipos para hacer ejercicio, cambio del valor final del contrato y la “falta” de consideración en optar por convenios con gimnasios para evitar la inversión.

Por su parte, el secretario general de la Defensoría del Pueblo, Óscar Valencia, en entrevista con El Colombiano, aclaró que el contrato está completamente justificado y que los valores de los equipos cotizados se debe a que funcionará para los más de 6.000 empleados:

“No entendemos por qué ha sido un tema de interés mediático, tenemos todas las explicaciones y todo está publicado en el Secop. Las cotizaciones se tuvieron en cuenta para llegar al precio promedio de la contratación. El valor se ajusta a las cotizaciones y no es irreal, todo está justificado. Además, estamos convencidos de la necesidad”.

Valencia indicó que el objetivo del centro de acondicionamiento físico, dentro de las instalaciones de la Defensoría, es para que los trabajadores lo aprovechen en las horas valle, es decir, de 6:00 a 8:00 a. m., de 12:00 a 2:00 p. m y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: “para que quienes se quieran desconectar pueda pasar si salir de la entidad”, agregó.

Respecto a otras alternativas para adquirir los servicios que ofrece un gimnasio, sin necesidad de realizar la millonaria inversión, aseguró: “Un arriendo era de alrededor de 20 millones mensuales, de manera que era mejor tener propias, porque se garantiza un tiempo útil superior a los posibles pagos mensuales y no se podían garantizar los pagos en vigencias futuras”.

El funcionario reconoció en que sí ha habido dificultad para cumplir el compromiso con los trabajadores de la entidad, con respecto a la compra de los equipos; y anunció que en las otras 41 sedes que funcionan en el resto del país sí aplicarían los convenios con gimnasios, dado que son sedes que cuentan de 40 a 100 trabajadores, generalmente.