
Aunque en Latinoamérica han resaltado como un factor positivo la labor realizada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador en cuanto a temas de seguridad y el trato a criminales, se han revelado varios casos en los que migrantes denuncian haber terminado en prisión o que familiares se encuentran detenidos de manera injusta en la nación centroamericana.
Uno de estos casos se encuentra en Colombia, donde las familias de tres colombianos llevan varios meses solicitando ayuda a la Cancillería por cuenta de las acusaciones de la justicia de El Salvador, relacionadas con supuestos crímenes que sus allegados habrían cometido en ese país, pero que no tienen pruebas contundentes en su contra.
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Bayron Andrés Rodríguez, de 31 años, Mahyk Deivy Aldana, de 24 años, y Juan Esteban Eusse, de 22 años, son los colombianos que la Fiscalía de El Salvador mantiene en prisión, a pesar de la orden de un juez de dejarlos en libertad. Este caso fue expuesto por sus familiares a Cuestión Pública.
De acuerdo con este medio, las familias denuncian que se trataría de una maniobra con la que el Estado salvadoreño busca respaldar las cifras de seguridad resaltadas por Bukele, de cara a las elecciones en las que busca ser reelegido.
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En la investigación resaltan que un juzgado en El Salvador ordenó la libertad de los colombianos el 20 de diciembre de 2023, sin embargo, después de esto la Fiscalía les imputó nuevos crímenes, lo que para Jonatan Sisco, jurista salvadoreño, es algo ilegal.
“Estos actos son ilegales. Se está evadiendo el cumplimiento de una resolución judicial. Estamos ante una violación al estándar internacional de Derechos Humanos”, afirmó a Cuestión Pública Jonatan Sisco, abogado de la organización salvadoreña Cristosal.
De la misma forma, resaltaron que estos serían solo tres de al menos 85 procesos en contra de colombianos en El Salvador, lo que ha sido consecuencia del régimen de excepción instaurado por Nayib Bukele en marzo de 2022.
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Para la abogada salvadoreña, Ingrid Escobar, los presos en El Salvador carecen de un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia, resaltando que hay casos en los que las personas son capturadas por una llamada.
”Las personas detenidas carecen de lo que conocemos como presunción de inocencia… les han cortado los derechos establecidos en el artículo 29 de la Constitución. Una llamada anónima es criterio suficiente para que un policía pueda llevarse a alguien preso”, declaró a Cuestión Pública la abogada Ingrid Escobar.

Los colombianos llevan más de un año encarcelados en El Salvador, luego de ser capturados cuando se desempeñaban como cobradores de dinero para una oficina de prestamistas, lo que, según Carlos Ernesto Quiteño Brizuela -su abogado hasta hace unos meses-, no es delito en su país. Después de su arresto, la Fiscalía les imputó cargos por receptación.
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“Las pandillas de El Salvador no permiten extranjeros en sus filas. Si ellos prestaban dinero bajo intereses, no es ilegal. Para hacer préstamos se necesita una empresa o sociedad constituida legalmente. Lo único a lo que se podrían hacer acreedores era a una multa por no tener registro de comercio en el sistema financiero. A lo sumo, una expulsión del país”, argumentó a Cuestión Pública Carlos Ernesto Quiteño Brizuela.
Después de la orden de libertad, los colombianos fueron imputados por lavado de activos y señalados de permanecer a una red de prestamistas, lo que su defensa ya había desmentido en varias oportunidades, demostrando que las motos con las que trabajaban tenían los documentos en regla y el que más tenía dinero contaba con 400 dólares en su bolsillo, lo que no puede ser considerado un crimen.
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Por último, el medio de comunicación resaltó que los familiares de los colombianos han buscado ayuda del Gobierno nacional en Colombia y organismos internacionales, pero hasta el momento no han recibido respuesta.
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