Salvatore Mancuso criticó a la JEP por filtración de información reservada: denunció amenazas en su contra

Al ser aceptado por la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso entregó información en audiencias, tanto públicas como privadas, sobre presuntas alianzas entre militares, empresarios y políticos colombianos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

En una de esas audiencias, de carácter reservado, vinculó a Álvaro Uribe con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y con la masacre de El Aro. Pero esa información se filtró, por lo que el exlíder paramilitar interpuso una tutela ante la JEP con el fin de que se proteja su derecho a la vida, al debido proceso y a la integridad personal.

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El mismo tribunal declaró improcedente la tutela, bajo el argumento de que ya se estaban tomando las acciones necesarias para evitar que se vuelvan a presentar filtraciones de ese tipo y que hay un estudio sobre la situación de seguridad de los defensores de Mancuso. Además, la JEP aseguró que el exparamilitar no presentó pruebas sobre los riesgos que corre tras las filtraciones.

Pero Mancuso impugnó el fallo y en un escrito de 11 páginas, que fue conocido por la emisora Blu Radio, solicitó al tribunal que se le amparen sus derechos por el aumento del riesgo tanto para él como para su familia y su defensa, ante la gravedad de las filtraciones.

Así mismo, señaló que se le violó el derecho al debido proceso al incumplirse el acuerdo de confidencialidad. “Debe tenerse en cuenta que, como se relaciona en el siguiente acápite, desde mi solicitud de sometimiento y a lo largo de la preparación para la audiencia única de verdad, he sido enfático en solicitar medidas de protección, incluyendo la reserva de la información de los aportes a la verdad entregados ante la Jurisdicción”, se lee en el documento conocido por la emisora mencionada.

Además, añade que: “Sin embargo, la filtración de la información objeto de reserva el mismo día que fuera aceptada mi comparecencia, da cuenta de que la SDSJ, como garante del proceso, no adoptó las medidas necesarias para la protección de la información”.

Para Mancuso, esta situación genera desconfianza entre quienes quieran comparecer ante la JEP, lo cual afecta los derechos de las víctimas, que quieren conocer la verdad.

“La falta de garantías no solo causa riesgos ciertos a mi integridad física y mi vida, así como a la de mi familia y grupo de defensa, sino que da un mensaje sobre la falta de garantías a las cuales estaría sometida la participación de los comparecientes ante la Jurisdicción, desmotivando la participación de quienes han optado por participar ante este mecanismo judicial como una posibilidad de cierre del conflicto armado y, por tanto, afectando directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”, se lee en la impugnación al fallo.

Por lo tanto, solicitó que se tomen medidas adicionales de protección de la información, como la disposición de niveles de accesibilidad a la misma.

“Solicito que dicha reserva se mantenga hasta la definición de mi situación jurídica en la JEP sin que ello obste para que los procesos y compulsas de copias (derivados de la información reservada) avancen en las diferentes instancias judiciales y disciplinarias a las que fue remitida tal información reservada. Adicionalmente, es necesario que se establezca un Protocolo para la protección de la información reservada y los pasos a seguir en casos de filtración de información. Otorgar garantías jurídicas para la participación de los comparecientes es un requisito sine qua non para garantizar los derechos de las víctimas”, añade el texto.

También pidió medidas de fondo para la protección de la información que continúa bajo reserva y la que él pueda seguir aportando. Por otra parte, aseguró que tanto sus hijos como sus abogados han recibido llamadas amenazantes.

“También se ha observado reacciones fuertes de las reservas activas y de militares en retiro y activos en las redes sociales, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros muy disgustados con el abajo firmante, con sus declaraciones y con la decisión de la JEP de aceptarlo en esa Jurisdicción”, agregó el exjefe paramilitar.

De tal manera que le pidió a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP proferir medidas reforzadas de protección a la reserva de la información aportada. “Omisiones de este nivel por parte de la autoridad competente para velar por el proceso genera falta de confianza e inseguridad jurídica a los comparecientes y una vulneración a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, puesto que desmotiva a los comparecientes a brindar información valiosa dentro del proceso por falta de garantías”, dice Mancuso.