Podría haber escasez de pasaportes en Colombia, advirtió la Contraloría

El pleito con la licitación para la producción de pasaportes en Colombia volvió a tener un giro. Esta vez, luego de que la Contraloría General de la República determinara que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller Álvaro Leyva, no tenía soportes para declarar la urgencia manifiesta para contratar directamente con Thomas Greg and Sons, tras declarar desierta la licitación.

El Reporte Coronell, de la W Radio, tuvo acceso a un documento de 16 páginas donde el órgano de control fiscal del Estado asegura que la Cancillería no tenía por qué haber declarado urgencia manifiesta, ni de estar al frente de la contratación directa de pasaportes, ya que esa situación fue creada por la misma entidad al declarar desierto el proceso.

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De acuerdo con lo dicho por la Contraloría, el Ministerio pudo haber corregido todas las condiciones que impidieron la pluralidad de oferentes en el proceso para la producción de pasaportes en Colombia, pero dejó pasar el tiempo, perdiendo así la oportunidad de evitar todo el lío judicial.

De acuerdo con el documento del órgano fiscal obtenido por la W Radio, para la Contraloría dicho proceso no podía enmarcarse como de fuerza mayor o caso fortuito, pues la Cancillería contaba con todas su facultades para evidenciar la vulneración a ciertos principios durante el proceso de licitación pública como la participación, libre concurrencia, eficacia, eficiencia, transparencia y deber de selección objetiva.

“En la medida que en las respuestas a las observaciones realizadas por interesados en ofertar y participar del proceso, debió establecer la presunta inobservancia de dichos principios y con ello corregir el rumbo del proceso, para evitar un menoscabo en los derechos de participación y libre concurrencia de todo aquel interesado en presentar oferta”, precisó el órgano en el oficio.

En pocas palabras, lo que sostiene el informe es que la Cancillería pudo prever las deficiencias en la licitación y corregirlas a tiempo, pero en cambio esperó hasta último momento, cuando ya no se podía hacer nada, para intentar enmendar sus errores usando un recurso extraordinario: la “urgencia manifiesta”.

“En este sentido, no puede predicarse que el referido auto de autoridad pública sea ajeno al factor volitivo de quien declara el estado de urgencia manifiesta, sino que contrario a ello, el hecho correspondía a su absoluto dominio y decisión”, señaló la Contraloría en el documento en manos de la W Radio.

“Se reitera que frente a posibles vulneraciones a garantías fundamentales ocurridas en el proceso de licitación, tales como la afectación al principio de libre concurrencia, selección objetiva y otros, la misma autoridad pública ostentaba no solo la facultad sino el deber de tomar las medidas correctivas”, subrayó la entidad.

El documento de esa forma resaltó la falta de asunción de responsabilidad de no solo el titular de la Cancillería, el ministro Álvaro Leyva, sino también del secretario general José Antonio Salazar, representante legal del Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien el contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ya había advertido que era necesario corregir el proceso de licitación para evitar “la pérdida de recursos públicos con la implementación de medidas por parte de la Entidad”, según conoció la W Radio.

La Contraloría advirtió así que, por esos hechos, no solo se podrían presentar graves consecuencias en términos de responsabilidad fiscal, sino también para la ciudadanía ante la ilegalidad del contrato para la elaboración de pasaportes en Colombia.

Por ahora, la Cancillería estará en una disputa legal luego de que la empresa al frente del contrato, Thomas Greg & Sons, demandara al Estado colombiano por 117 mil millones de pesos por haber declarado como desierta la licitación para la elaboración de pasaportes el pasado mes de septiembre.