Fotografías de formularios E-14 servirán para el desarrollo del escrutinio en municipios donde fue quemado el material electoral

En un comunicado a la opinión pública, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, informaron que los escrutinios se pueden llevar a cabo con imágenes fotográficas de los formularios E-14.

Esta decisión se tomó tras hechos registrados el 29 de octubre, cuando en el marco de las elecciones regionales, dichas actas de escrutinio de los jurados de votación fueron destruidas por alteraciones del orden público en varios municipios.

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La Registraduría y el CNE indicaron que estas imágenes cuentan con el valor jurídico en cualquiera de sus tres ejemplares: claveros, delegados o transmisión, para conducir los escrutinios y declarar las elecciones.

En consecuencia, el registrador Alexander Vega y el presidente del CNE, Alfonso Campo, enviaron un mensaje a los delincuentes asegurando que “están equivocados si creen que con su actuar delictivo, al destruir o al incendiar los recintos donde funcionan las comisiones escrutadoras en el país o en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, evitarán que los jueces de la república, notarios y registradores de instrumentos públicos que fungen como escrutadores zonales y municipales y los delegados del Consejo Nacional Electoral que desarrollan los escrutinios departamentales consoliden los resultados y declaren las elecciones”.

Así las cosas, las autoridades electorales indicaron que los escrutinios continuarán hasta su declaratoria, en el marco del debido proceso administrativo.

También hicieron un llamado a las organizaciones y partidos políticos en contienda a que ejerzan su derecho a la defensa, valiéndose de las herramientas consagradas en la ley. Finalmente, dieron un parte de tranquilidad a la ciudadanía reiterando que los resultados de las elecciones serán declarados conforme a la Constitución y la ley.

El desarrollo de los escrutinios con imágenes de los formularios E-14 están consagrados en la jurisprudencia, especialmente en la sentencia del 30 de mayo de 2019, entre otras normas y disposiciones.

Cabe recordar que los hechos más relevantes de alteración al orden público durante las elecciones territoriales ocurrieron en 13 poblaciones, donde hubo quema o destrucción de material electoral: Almaguer y Balboa (Cauca), Pueblo Rico (Antioquia), Gachantivá (Boyacá), La Paz (Cesar), Chinú (Córdoba), Imues, La Cruz y El Rosario (Nariño), Fonseca (La Guajira), Palocabildo (Tolima), Ricaurte (Nariño), Santiago (Putumayo) y Tiquisio (Bolívar).

En el previo de los comicios fue atacada la Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar) y con posterioridad a los mismos, las oficinas de la Registraduría de Almaguer (Cauca), Chinú (Córdoba), y El Rosario (Nariño), Tiquisio (Bolívar), Manaure (Guajira) y Becerril (Cesar), también fueron objeto de asonada. Además, en Manaure (La Guajira), Murindó (Chocó), Imues (Nariño), Samaná (Caldas) y Villa Rica (Cauca) resultaron atacados otros bienes públicos.

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), 59 eventos han afectado el proceso electoral previo, durante y posterior al día de las elecciones: 14 fueron manifestaciones y 45 hechos violentos contra los comicios.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, teniendo como soporte el balance realizado por su Observatorio de Conflictividad Social, indicó que han ocurrido 98 eventos de protestas y disturbios en 86 municipios de 24 departamentos del país. De estos hechos, 77 se presentaron después del cierre de votaciones.

Las principales motivaciones de los manifestantes fueron el descontento de los resultados electorales, con un 42%.

Las otras razones fueron por la escasa diferencia de votos entre uno y otro candidato; la denuncia de posibles irregularidades electorales, con un 29%, principalmente relacionadas con eventos de fraude electoral; reclamaciones electorales de diferentes tipos, con un 17%; la polarización política, con un 5%; la pugnacidad con un 4%, situaciones no relacionadas con la jornada electoral 2% y la exclusión de cédulas del censo electoral y revocatoria de candidaturas, con un 1% cada uno respectivamente.