Empezó la cuenta regresiva para las elecciones regionales del 29 de octubre cuando la ciudadanía decidirá cuáles serán los gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales y líderes de juntas de acción local (JAL) que gobernarán entre 2024 y 2027.
En el período de campaña política se han presentado muchas afectaciones que comprometen la seguridad de los aspirantes y los votantes; sin embargo, esos no son los únicos factores que afectan el correcto desarrollo de la jornada democrática, pues de acuerdo con el nuevo informe de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales, también hay problemas tecnológicos de cara a los comicios.
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“La MOE (Misión de Observación Electoral) ha identificado áreas de oportunidad sobre las que hay que hacer mejoras y ajustes, a fin de que se garantice la adecuada y oportuna difusión de los resultados, hallazgos e implementación de recomendaciones que generen la mayor confianza de estos sistemas y certezas sobre su seguridad y funcionamiento”, se lee en el octavo informe de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales.
Uno de los puntos débiles de las elecciones territoriales identificados por la Comisión fue en el funcionamiento del software para la postulación y selección de los jurados de votación, lo que retrasó el proceso.
Por lo anterior la Registraduría debió acudir a un plan de emergencia usando una herramienta diferente, que imposibilita la realización de simulacros o la participación de auditoría externa, entes de control, auditores de organizaciones políticas o la observación electoral. El desarrollo de las herramientas tecnológicas costó un billón de pesos y estaba a cargo de la empresa Unión Temporal Disproel 2023.
“El software utilizado para el sorteo definitivo, carece de los módulos necesarios para que los entes de control y la observación electoral puedan acceder a la información necesaria para dar seguimiento y realizar veeduría sobre los entes postulantes, las listas de jurados, la depuración posterior a los cruces de información con bases de datos oficiales, y el resultado final de la asignación de los sorteos”, indica el reporte.
Algo similar sucedió con el sistema para la elección de los testigos y delegados de votación pues, de acuerdo con la MOE, no hubo difusión de la invitación a los espacios, lo que dificultó la asistencia a los simulacros convocados por la Registraduría y de igual forma no se socializaron las reglas de las pruebas para escoger a los testigos.
La MOE señaló que en el 2022 se contrató un software para los temas relacionados con los delegados de puestos de votación, que tuvo un valor de 27.000 millones de pesos; sin embargo, para las elecciones de este años no se usó el mismo software y decidió contratarse otro sin explicación alguna.
El informe indica que desde el 18 de septiembre de 2023 se le solicitó a la Registraduría las actas correspondientes a los ejercicios, simulacros, pruebas de selección para los testigos y delegados de votación, así como de detalles de la contratación, pero que a la fecha de la publicación (10 de octubre) la entidad dirigida por Alexánder Vega Rocha no había emitido los informes correspondientes.
Otro aspecto tecnológico que tiene en alerta el desarrollo de las elecciones territoriales es la transparencia del funcionamiento de las herramientas tecnológicas, pues su uso no genera confianza en los veedores del proceso electoral.
Además, genera alarma: “El desconocimiento sobre cómo ha avanzado el desarrollo de la tecnología para el registro de testigos electorales y delegados de puestos de votación, es pertinente y urgente que antes del día de las elecciones”, sentenció la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales.
De acuerdo con el informe, la MOE tiene registrados 1.194 reportes de irregularidades electorales en su plataforma www.pilasconelvoto.com, de los cuales el 31% corresponden a irregularidades en la función pública.
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