Gustavo Petro presentará al Congreso decretos de emergencia económica que le tumbó la Corte: “No se puede abandonar La Guajira a su suerte”

Luego de que la Corte Constitucional tumbara la emergencia económica y social que había decretado el presidente Gustavo Petro en La Guajira, el jefe de Estado colombiano anunció que ya tenía un plan B para atender la situación social que se vive en esa región.

El pasado 2 de octubre el Gobierno nacional recibió un fuerte golpe, luego de que el alto tribunal declarara como inexequible el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, al considerar que la normativa es inconstitucional.

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El jefe de Estado colombiano decidió contraatacar la decisión de la Corte Constitucional e informó que los decretos de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira serían presentados al Congreso de la República con mensaje de urgencia.

“No se puede abandonar La Guajira a su suerte. Todos los decretos de emergencia serán presentados al Congreso con mensaje de urgencia”, aseguró el mandatario nacional colombiano a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El presidente Petro agregó: “Ya son más de mil los jagueyes construidos para recoger las aguas lluvias de octubre y noviembre. Estamos realizando una inmensa operación para impedir la sed en La Guajira. Más de cien mil litros de agua de pozo son repartidos en Uribia y el norte guajiro. Esclavizan al pueblo Wayúu a través de la escasez del agua”.

Por ahora, se desconoce cuándo se presentará el decreto de emergencia de La Guajira ante el Congreso de la República.

Las razones por las que la Corte decidió tumbar el decreto de emergencia en La Guajira

El decreto con el que el presidente Gustavo Petro declaró al emergencia económica y social en La Guajira el pasado 2 de julio perdió la batalla contra la Corte Constitucional, luego de que el 2 de octubre la alta corte considerara -luego de estudiar por semanas una ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo en la que se solicitaba avalar con condiciones el decreto- que el primer mandatario había incurrido en un error, y por ende la norma era inconstitucional.

La Corte determinó así que el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira” es “inexequible”.

No obstante, de acuerdo con apartados del documento obtenidos por El Tiempo, el alto tribunal estableció que su decisión comenzaría a regir a partir de un año, contado desde la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, ante “la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”.

Lo anterior, según indicó la Corte, significa que las secciones del Decreto que se refieren al acceso al agua y saneamiento básico continuarán vigentes hasta el próximo julio del 2024, es decir, que el resto de la norma dejó de tener vigencia en el momento en el que la alta corte tomó la decisión.

El alto tribunal concluyó su decisión exhortando “al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”.