‘Financiación del terrorismo’ sería incluido por el Gobierno en comisión de lavado de activos

El Gobierno nacional estaría avanzando en la creación de un decreto que, aunque aparentemente de rutina, está arrojando luz sobre dos temas de seguridad nacional cruciales: la financiación del terrorismo y la expansión de armas de destrucción masiva, de acuerdo con información conocida en primicia de la emisora colombiana Blu Radio.

Este decreto tiendría como objetivo principal la revisión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Lucha Contra el Lavado de Activos, una entidad que ha estado operativa por más de veinticinco años, pero que requería una actualización significativa.

La comisión, que previamente incluía organizaciones desaparecidas como el DAS y el Comité Operativo para la implementación del Sistema Centralizado de Consultas, ha sido revisada para alinearse con las necesidades actuales de seguridad, según la publicación de la emisora colombiana.

Una evaluación realizada en 2018 reveló que siete de los once indicadores utilizados para medir la eficacia de las medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo obtuvieron calificaciones bajas. La modernización de esta comisión es esencial para abordar estas deficiencias.

Además de la actualización, se está reconociendo la urgencia de incorporar aspectos relacionados con la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El decreto conocido por Blu Radio destaca la necesidad de implementar medidas integrales para evitar el fortalecimiento económico de organizaciones terroristas y de la delincuencia organizada en general. Estas medidas están diseñadas para restringir el uso del sector público y privado en el lavado de activos y asegurar que los fondos obtenidos ilegalmente no sean usados para actividades delictivas.

La comisión actualizada estará compuesta por diversos actores clave en el ámbito de la seguridad y la justicia, incluyendo a los ministros de Defensa, Justicia y Hacienda, la Fiscalía, la Dirección de Inteligencia, la DIAN, la UIAF y tres superintendencias, según la publicación de la emisora Blu Radio.

Aumento de grupos armados en Colombia

La violencia armada en Colombia parecía reducirse con la desmovilización de las Farc en 2016, la guerrilla más antigua del país y del continente. Sin embargo, la más reciente información sobre el conflicto armado entregada por el ministro de Defensa Iván Velásquez indica que la salida de combate de esa guerrilla significó la expansión y el crecimiento de otros actores armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y el clan del Golfo.

En medio de su quinto debate de control político, precisamente por la situación de violencia que vive el país, el jefe de la cartera de Defensa indicó: “Entre el 2018 y 2022, empezó un incremento que ha sido significativo en las organizaciones ilegales. En ese periodo hubo un crecimiento de un 15%”.

Las cifras entregadas por Velásquez corresponden a los periodos de Gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro, tiempo en el que las disidencias de las Farc tuvieron un incremento del 38.9% en la incorporación de combatientes a sus filas; el ELN un 19% y el Clan del Golfo un 11,8%.

De acuerdo con el ministro de Defensa la firma del Acuerdo de Paz en el 2016: “Permitió el copamiento de territorios que venían siendo desocupados por las Farc, de manera que por una ausencia del Estado en muchos de esos territorios, se permitió no solo el control ilegal”.

Iván Velásquez fue sometido a un debate de control político por la situación de orden público que vive el país - crédito Archivo Infobae

El ELN, las disidencias de la Farc y el clan del Golfo tomaron el control de la producción y las rutas para el tráfico de armas y droga; también se apoderaron del control de rentas ilícitas como el microtráfico, la extorsión y la explotación minera ilegal.

Lo expuesto por el MinDefensa empeora con el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), titulado Paz Total, disputas e inseguridad en el primer año del Gobierno Petro, en el que se detalla un aumento de los actores armados ilegales de Colombia durante el primer año de mandato del mandatario de izquierda.

El estudio señala que desde el mandato anterior los grupos armados “venían de un fortalecimiento progresivo de su capacidad militar y presencia territorial que les permitió consolidar su control en algunas regiones”, lo que recibió Gustavo Petro e intentó mitigar insuficientemente con la implementación de la “paz total”.

La FIP indicó que al término del 2022 el Clan del Golfo tenía influencia en 200 municipios del país, el ELN en 176 y las disidencias de las Farc en 171, y que esa presencia había hecho que aumentara en un 85% los enfrentamientos entre sí, mientras que los combates contra el Estado se redujeron en un 47%.

Finalmente, la Fundación Ideas para la Paz sostuvo que en el primer año de Petro Como presidente de Colombia “las acciones de la Fuerza Pública (combates y bombardeos) contra los grupos armados continuaron disminuyendo, llegando al 47%, lo que se explica por la apuesta del Gobierno de privilegiar la negociación con los grupos armados”, lo que permitió, en gran parte, el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales