Una jueza de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento intramural en contra de tres de los cuatro integrantes de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, quienes estarían involucrados a las interceptaciones ilegales hechas a Marelbys Meza: exniñera de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia.
Los cobijados con esta determinación judicial fueron el intendente Alfonso Quinchanegua, el patrullero Jhon Fredy Morales y el capitán Carlos Andrés Loaiza Correa, que fueron imputados de los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Mientras que la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla gozará de una medida no privativa de la libertad.
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Y, Quinchanegua y a Canizales Bonilla, según informó la Fiscalía General de la Nación, también se les formuló el delito de falsedad material en documento público agravado. Ninguno de los involucrados aceptaron los cargos endilgados.
Se definió la suerte jurídica de los policías que interceptaron a Marelbys Meza
La decisión de la togada había sido adelantada, en parte, el 14 de septiembre de 2023 por el abogado defensor de Meza, el penalista Iván Cancino, que a través de sus redes sociales había informado de la medida restrictiva de la libertad para el subintendente Fredy Alexander Gómez Bustamante, y su fuente humana, el mecánico Rafael Ricardo Santos.
Así “chuzaron” a Marelbys Meza
Los implicados habrían inducido en error a dos fiscales y a dos jueces para lograr la interceptación de los teléfonos de dos exempleadas de Sarabia, tras el robo de una maleta en su residencia, que contendría en un interior cerca de 7.000 dólares. Además, para obtener las interceptaciones de dos personas muy allegadas a una de las empleadas: Jhonson Pineda, el Nene, y Lucelia Robles Arrieta.
De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, tanto el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas, comparecieron ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Quibdó (Chocó). Y, apoyados por el testimonio de su supuesta fuente humana, el mecánico Santos, pidieron interceptar dichas líneas telefónicas.
En efecto, los uniformados son acusados de alterar un informe policial para que los números de Meza, y de la otra empleada de Laura Sarabia, la señora Fabiola Perea, fueran incluidos a una investigación que se hizo en contra de Wílmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, que era cabecilla del temido Clan del Golfo. Ambas mujeres fueron relacionadas al informe con los alias de La Madrina y La Cocinera, respectivamente.
A su vez, según la Fiscalía, entre el 1 y el 3 de febrero de 2023, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla presentaron dos informes policiales a una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, en los que solicitaban autorización para intervenir las comunicaciones de tres personas, entre ellas Meza y sus dos amigos.
La Fiscalía manifestó que las dos personas más objeto de interceptaciones, cercanas a Meza, las hicieron pasar como integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá. El motivo: estarían involucrados en la pérdida de un dinero en la casa de Sarabia, en ese entonces ex jefa de Gabinete de la Presidencia.
Tras conocerse este caso, la Fiscalía General de la Nación había confirmado el 5 de septiembre de 2023 la apertura de una nueva línea de investigación para determinar si dentro de Sijín de la Policía Nacional, en efecto, existe una red de tráfico de fuentes humanas, que tendría como fin pagar recompensas ofrecidas por la entidad.
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